Parece que, al fin, el Gobierno del Estado pudo sacudirse la enorme deuda por el incumplimiento de sus aportaciones que, como patrón, debió entregar puntualmente al Isstey y que rebasan los dos mil millones de pesos. 

La deuda, heredada desde las administraciones pasadas, ha sido un lastre tanto económico como político que amenazaba seriamente las finanzas estatales, pues el monto de sus intereses creció desmesuradamente convirtiéndola en impagable.

La estrategia de apoderarse de los terrenos que conforman la Reserva Territorial del municipio de Ucú para cederla al investido Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú y  salvar así la deuda con el Isstey  no es nueva, pues anteriormente se intentó otra cesión con los terrenos de Altabrisa y que al final terminaron en manos de terceros en un jugoso negocio de concertacesiones que dejó al Instituto vestido, alborotado y sin terrenos. Hoy la bancada del PAN en el Congreso local teme que se repita la misma historia.

Con esta presunta cesión de terrenos (porque todavía no es un hecho) la actual administración intenta rescatar del olvido aquel proyecto de la ex gobernadora Ivonne Ortega Pacheco que pretendía expandir la mancha urbana del poniente de Mérida hasta el municipio de Ucú, pues el rápido crecimiento de Ciudad Caucel se comió toda la reserva llevándolo a colindar con los límites de Caucel; a ese olvidado proyecto se le conoció como el “Plan Maestro de Ucú”.

La magistral jugada fue muy bien pensada, ya que, en lo político, se dará vigencia a una promesa de vivienda económica que a la larga generará crecimiento y desarrollo a Ucú; en lo institucional, el Estado cumplirá por fin con su compromiso de saldar las cuentas pendientes con el Isstey; en lo económico, al pagar en especie, al Gobierno se le condonarán los intereses acumulados por la histórica deuda.

Ahora bien, el Isstey en verdad no necesita tantos terrenos, su urgencia es el dinero en efectivo, ya que, con la Reforma Educativa, actualmente enfrenta una avalancha de solicitudes de jubilaciones y pensiones que amenazan seriamente con llevar al instituto a una severa insolvencia a corto plazo; si esto ocurriera, en la misma ley del Isstey se establece que sería el Gobierno estatal quien se hiciera cargo de los pagos de las pensiones, algo que pondría en aprietos al presupuesto estatal al no soportar dicha carga inesperada. Ojalá las intenciones sean buenas y no más de lo mismo.