Después de las turbulentas aguas en las que nadaron quienes integran el sector educativo estatal, las cosas comienzan a llegar a un nivel en que las partes involucradas se han puesto a dialogar de manera clara, sin tratar de avasallar al de enfrente, sino buscando un arreglo que beneficie a todos. Si bien es muy complicado hacerlo cuando se trata de una actividad como la docente, donde hay múltiples intereses en juego, los problemas que causaron la revuelta magisterial tienen tintes de arreglo en más de un sentido.

Nadie en su sano juicio, tanto maestros, Gobierno del Estado, autoridades educativas, padres de familia y por supuesto alumnos, quiere que se reediten los severos problemas registrados en el 2013, porque finalmente, la afectada es la sociedad.

Los maestros integrados en el movimiento magisterial, han recibido atención en todo momento de parte del nuevo titular de la Secretaría de Educación y Cultura, José Alberto Alonso Ovando, quien desde el primer día de su encomienda, ha entendido que lo primero que había que hacer era evitar los cabos sueltos, por muy pequeños que parezcan, a fin de no provocar un incendio de consecuencias lamentables.

Hemos sido testigos de la disposición del nuevo titular de la SEyC por evitar conflictos en una Secretaría tan compleja, en la que decisiones que parecen inofensivas terminan por prender la mecha de la inconformidad, que, es importante recalcar, muchas veces no tienen un origen justificado y sólo buscan desestabilizar.

La lucha de los maestros de Quintana Roo por mejorar sus condiciones laborales es justa; sin embargo, en el pasado las formas estuvieron un tanto exageradas, porque las medidas de presión de los docentes inconformes, lastimaron a terceras personas que en absoluto tenían alguna responsabilidad en el conflicto.

La Reforma Educativa aprobada desde el año pasado por la legislatura federal y avalada por la mayoría de los congresos estatales, que fue el origen de la inconformidad magisterial, es un hecho; no es como muchos han querido señalar, un capricho del Gobierno del Estado o de la Secretaría de Educación y Cultura, sino una propuesta que busca mejorar sustancialmente el nivel de calidad de la educación pública.

Como ocurre siempre que se concreta una nueva manera de abordar los asuntos públicos, hay reticencias, malos entendidos, rumores, chismes, posturas que parecen irreconciliables y que obligan a las partes involucradas a poner todo su arsenal en juego para no dejarse dominar.

Cuando estos cambios se dan en el sector educativo nacional, que durante muchos años fue cuestionado por las medidas corporativas, sesgadas, autoritarias, con objetivos político-electorales más que buscando la excelencia educativa, las respuestas se desbordan, llegan al conflicto y explotan con fuerza desmedida.

Nuestro país requiere de políticas públicas en el sector educativo que nos permitan alcanzar los niveles de calidad y excelencia que en naciones como Corea del Sur, Finlandia y Chile, han puesto un especial énfasis en la educación. 

Las autoridades de esos países entendieron que en un mundo cada vez más globalizado la educación es la única respuesta para competir con grandes posibilidades de superación, teniendo en cuenta que es imposible permanecer al margen del desarrollo y el progreso.

Sin educación un pueblo no se libera de sus ataduras, no puede competir con países avanzados, ni tampoco alcanzar los parámetros de excelencia, propios de sociedades con altos índices de progreso. Estas premisas se olvidaron a lo largo de décadas por gobernantes de distintos signos políticos, que ponderaron la inmediatez de sus cargos públicos y antepusieron el interés personal o de grupo, por encima de las necesidades del pueblo. No sentaron las bases para un cambio que modificara los obsoletos cimientos del corporativismo dañino, que mantuvo a la sociedad encadenada a los designios de gobernantes mezquinos.