Mientras Tinum sigue en espera de una solución definitiva al problema que viven los pobladores con sus autoridades municipales, el gobierno estatal debe enfocarse a las situaciones que viven los habitantes de Dzilam de Bravo, donde la lucha por los permisos para la pesca del pepino de mar ya evidenció el rechazo al proceder de la autoridad municipal, a la cual incluso le lanzaron una lancha que habían retenido a los explotadores “foráneos” de la especie.

Así, en Tinum, la alerta se mantiene en espera de una solución definitiva que implicará que el gobierno logre acuerdos con el municipio, presidido por la joven panista Natalia Mis Mex, para tranquilizar a la población y permitir la aplicación de programas que reclaman los vecinos, en tanto que, en Dzilam de Bravo, los pescadores ya mostraron el porqué del segundo nombre de ese municipio: son aguerridos para defender sus opiniones y vaya que lo demostraron, pues no sólo cerraron el acceso al poblado, lo cual se resolvió después de horas de diálogo con el titular de la SSP, sino que además le hicieron llevar un “regalo especial” al alcalde, Pedro Castillo Reyes, quien se había negado a recibirlos. 

Los pescadores de pepino de mar están molestos porque el edil se ha negado a resolver el problema que atraviesan en la captura de la especie; se niegan a que los permisos se los queden los empresarios del ramo para obtener las mejores ganancias.

El interés por la captura del equinodermo propicia incluso la pesca ilegal, por su alto precio de venta en los mercados internacionales, pero ya será el turno de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado hacer lo necesario para devolver la calma al poblado. Los habitantes del interior del estado no dudan en reclamar.

En Mérida la “evolución” de los acuerdos permite resolver o atender con mayor sutileza las diferencias políticas, aunque éstas violen los derechos laborales de las personas, sin embargo, en el interior del estado, las anomalías se reclaman con mayor fuerza.

Como hemos señalado, en el Ipepac, pese a las pruebas y el reconocimiento público de la consejera presidenta, María Elena Achach Asaf, de haber recortado el sueldo de los empleados que “aceptaron” quedarse, y de haber contratado amigos en los nuevos puestos que no se sometieron a concurso, transgrediendo el derecho de los empleados del Instituto de mejorar sus condiciones laborales,  no pasa nada. La funcionaria impide al personal leer e incluso comprar MILENIO NOVEDADES.