La polémica en torno a Aguakan ha resultado interesante porque en el debate por su permanencia o revocación confluyen elementos jurídicos, políticos, económicos y sociales.

Caso ejemplar es el de Puerto Morelos, donde el Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ya aprobó la creación del organismo operador que se encargará del suministro, el alcantarillado y el saneamiento de las aguas residuales.

La presidenta Laura Fernández Piña pegó primero. Cumplió. Al destacar que “fue escuchada una vieja demanda ciudadana”, se dijo agradecida con todos los actores que privilegiaron el derecho humano al agua y un medio ambiente sano.

Pero Aguakan parece no cruzarse de brazos, aun cuando el ambiente es desfavorable a su causa, el contacto es casi nulo con las autoridades y las críticas no cesan. Hace unos días, César Espinoza, gerente de Planificación, Proyectos y Obras de la concesionaria, aseguraba que en tanto no exista una notificación oficial “no habrá respuesta operativa ni jurídica”. 

Incluso se atrevió a revelar su posible argumento jurídico: el título de concesión refiere “una superficie y no solamente un municipio”. Visto así, se prevé un debate mayor no solamente en el Puerto, también en los otros municipios donde la temática reclama prioridad. En un primer análisis, la alcaldesa ha tomado ventaja.

Las dificultades para la empresa no paran ahí. La semana pasada, regidores de Benito Juárez pidieron la comparecencia de servidores públicos y de representantes de la privada que opera en el municipio desde 1993, con un título renovado en diciembre de 2014 y hasta el 2053. Según testigos, ese cara a cara fue intenso y revelador.

El balconeo fue así de textual: la suspensión del servicio es una constante; el redondeo es un dinero mal habido que nadie les autoriza; las tarifas siguen siendo excesivas; la calidad del agua es mala; no informan detalles a las autoridades competentes; son intimidatorias las cartas de aviso por adeudo, y no cumplen la inversión estipulada.

De ser cierto los operadores lastiman el bolsillo y les ven la cara a los funcionarios, que estarían reclamando con justa razón el proceder de una compañía que ofrece un supuesto mal servicio. Pero en DHC aseguran lo contrario, avivando la discusión.

Consultado para esta opinión, la misma fuente refuta los aspectos principales: las suspensiones obedecen a trabajos inaplazables; el redondeo aplica como excedente a favor del usuario; hay diagnósticos de agua saneada; los detalles son entregados a CAPA; las tarifas son mejores que la media nacional; las misivas son sólo recordatorios de pago, y los últimos años se ha rebasado el porcentaje mínimo de inversión.

Acerca del último punto, subraya: “De acuerdo con el acta de Cabildo estamos obligados a generar inversiones destinando el 11.40% de los ingresos a infraestructura del sistema de agua existente; sin embargo, hemos triplicado el porcentaje requerido en los últimos tres años: a la fecha hemos invertido más de 2 mil 600 millones de pesos en infraestructura y, en total, serían 29 mil millones hasta el 2053”.

Al contrastar las versiones entre las partes es evidente que conciben diferente el asunto. Alguien miente, tergiversa, minimiza o magnifica a conveniencia. En el caso de Benito Juárez, quien tomó la batuta fue Gregorio Sánchez Martínez, ex presidente municipal con el que Aguakan colaboró de “buena manera” durante su administración 2008-2010, a decir del entrevistado. ¿No se dio cuenta Greg de esas aparentes fallas y omisiones que ahora exhibe?

La misma tensión se percibe en Isla Mujeres y Solidaridad, las otras dos demarcaciones donde aún tiene atribuciones, por lo que en próximos días habrá noticias.

Los usuarios tienen todo el derecho de exigir y reclamar cuando consideren pertinente; la empresa está obligada a cumplir lo que dicta en expedientes, y la autoridad, el deber de transparentar las acciones.