16 de Julio de 2018

Opinión

El fuero

La inmunidad parlamentaria no está teniendo el efecto de impunidad que se reclama.

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El rechazo al fuero constitucional deriva de una reminiscencia autoritaria: se desprecia a diputados y senadores porque no se concede valor a los votos con que se erigieron en tales. El fuero protege al electo porque de su inmunidad depende la integridad de una asamblea en la que actúa en representación de un gran número de ciudadanos, por expresa voluntad de éstos.

La importancia que la ley da a ese carácter de electo y al equilibrio de poderes tiene límites, de forma tal que cualquier legislador puede ser juzgado y condenado siempre y cuando se acredite ante la propia Cámara la falta cometida. Ningún poder externo puede alterar la composición de la representación, y la propia asamblea sólo puede hacerlo por causa grave, pues esa alteración deforma siempre la voluntad de los electores.

En la realidad, este mecanismo ha funcionado eficazmente, pues los congresistas que en los últimos lustros han cometido delitos que se hayan evidenciado han sido invariable y, en algunos casos, fulminantemente desaforados.

En este momento no existen legisladores acusados formalmente y con pruebas que no estén siendo procesados debido a que tienen fuero. La inmunidad parlamentaria no está teniendo el efecto de impunidad que se reclama.

Esta idea es una fantasía, promovida a veces de mala fe.

Otra cosa es que hay parlamentarios a quienes se acusa de una diversidad de delitos, sin que se presenten denuncias y se exhiban evidencias reales de ellos. En nuestro sistema jurídico, también los diputados y senadores son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No podría ser de otra manera.

Si el fuero legislativo desaparece finalmente, el riesgo para la democracia y para la institucionalidad del país sería muy grave. Entre las prácticas autoritarias e ilegales del pasado reciente muchos recordamos, por ejemplo, los sistemáticos secuestros de dirigentes estudiantiles para alterar votaciones en las que participarían.
¿En verdad creemos que la mejor fórmula para la democracia es que cualquier policía municipal pueda ordenar la detención de diputados o senadores en vísperas de, digamos, votar una reforma constitucional?.

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