Nadie puede sustraerse al horror que viven en Michoacán ante el crimen organizado, la operación de ilegales “grupos de autodefensa” y la ausencia de un gobierno eficaz para poner orden.

La complicidad o el “hacerse de la vista gorda” de varios gobiernos –estatales y federales- permitió en esas tierras la supremacía del crimen organizado. 

Fue hasta el sexenio anterior cuando –no exento de errores– se emprendió un rescate de esos espacios ganados por el crimen. La lucha fue y es encarnizada y costosa en vidas humanas dado el poder alcanzado por las organizaciones criminales ante un Estado ausente.

La actual administración federal en sus inicios abandonó –por sus costos políticos– esta estrategia. Lo menos permitió que surgieran los llamados “grupos armados de autodefensa” para combatir al crimen organizado.

Nuevamente ausencia del Estado que ha generado ingobernabilidad mayor.

Por cierto, habría que recordar que “La familia michoacana”, predecesora de los actuales “Templarios”, apareció en sus inicios como una especie de “grupo de autodefensa” para combatir a los “Zetas”. Ya luego se siguió con los secuestros, robos y demás crímenes. Combatir la ilegalidad permitiendo ilegalidades nunca da buenos resultados. Abdicar de la responsabilidad del Estado genera peores males. Alguien afirmó que “dar licencias para matar” es aceptar al mismo tiempo dar permiso para ser muerto.

Por fortuna y ante la ingobernabilidad creada, al parecer, el Gobierno Federal empieza a rectificar. Pero esto nos debe hacer reflexionar que aunque un gobierno tenga los mejores programas de desarrollo su actuar será finalmente fallido y para malestar de los ciudadanos si abdica de su responsabilidad de combatir la corrupción, la ilegalidad y la impunidad en cualquiera de sus facetas. Y en combate a la impunidad –por fortuna no ante el crimen organizado– en Yucatán hay varios pendientes.