El conflicto limítrofe de nuestro estado con Campeche y Yucatán es un expediente explosivo que emergió hace 17 años en su etapa más intensa, y que ha sido excesivamente manoseado en los dominios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Senado de la República.

Y desde entonces se ha mantenido la moneda en el aire en cuanto a la sentencia, pero con una ventaja para Campeche por el hecho de ocupar una superficie de 4 mil 800 kilómetros cuadrados que Quintana Roo reclama como suyos, amparado sólidamente en la Constitución.

Muchos protagonistas han desfilado, desde que los gobernadores Mario Villanueva Madrid (Quintana Roo) y Jorge Salomón Azar García (Campeche) iniciaron hostilidades en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo, quien sería un encarnizado enemigo de Villanueva.

A Joaquín González Castro como titular del Poder Judicial le fue encomendada la delicada y honrosa tarea de encabezar la estrategia de defensa de una superficie que por muchas décadas fue descuidada por ambos gobiernos, tanto a nivel estatal como municipal.

Salomón Azar lanzó a fines de diciembre de 1996 el décimo municipio de Calakmul, de manera tan precipitada que el Congreso de esa entidad incluyó en sus límites al Tíbet. Tal movimiento tomó por sorpresa a Mario Villanueva, quien habría explorado el arbitraje del Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.

Mantener 17 años en el aire una moneda es un exceso, aunque la Suprema Corte lanzó la papa caliente al Senado de la República, donde permaneció bajo llave hasta que tales expedientes de conflictos entre entidades fueron de nueva cuenta un asunto de la Corte.

De hecho, el conflicto limítrofe ha permanecido en el letargo como asignatura pendiente desde el ocaso del primer reinado del PRI a nivel presidencial, contemplando los 12 años de panismo y permaneciendo con exhalaciones en el retorno triunfal del Tricolor, con Enrique Peña Nieto como presidente.

Pero además de la defensa jurídica, todas las fuerzas políticas deben cerrar filas para fortalecer su presencia en la zona en litigio, manteniendo representación efectiva y dando la importancia que merece esa región, cuyo centro poblacional estratégico es Nicolás Bravo.

Porque la presencia legislativa a nivel local se ha debilitado por la redistritación que concentró diputaciones en Cancún, restando posiciones al sur del estado. Incluso, la oposición y partidos afines al PRI (PAN, PRD, Verde Ecologista, PT y Movimiento Ciudadano) no incluyó a un solo sureño en la relación de diputados plurinominales, aumentando el insensato desequilibrio.

Tan sólo los chetumaleños Pedro Flota Alcocer y Cora Amalia Castilla Madrid fueron lanzados como plurinominales por el PRI.