Nada nuevo descubrió el diagnóstico carcelario 2016 que presentó hace unos días el titular de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo), Harley Sosa Guillén, quien lanzó una “llamada de atención” a los Ayuntamientos -con la excepción del recién nacido Puerto Morelos- para que mejoren las condiciones de sus centros de retención penitenciaria.

El Ombudsman quintanarroense expuso una serie de datos y hechos que son de sobra conocidos, como que las cárceles no cuentan con la infraestructura mínima para que los internos tengan una estancia acorde a los derechos humanos; que el maltrato a los presos, permanentes y temporales, es cosa común; que la alimentación  no cumple con los estándares de calidad y sanidad para consumo humano; que los abusos tanto por parte de las autoridades y custodios, como por grupos de internos que ostentan cierto tipo de poder son moneda común en los Ceresos, y un largo largo etcétera.

Esta lamentable situación que no ha sido atendida a pesar de que los penales de Cancún y Chetumal son reprobados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cada diagnóstico anual realizado, tiene al sistema penitenciario estatal como el peor de todo el país.

Sí, tenemos el orgullo de tener las peores cárceles del país, donde los presos -delincuentes e inocentes- lejos de vivir un proceso de readaptación que les permita reintegrarse productivamente a la sociedad, aprenden a vivir en un mundo de violencia y corrupción, y egresan graduados en esas malas artes que se convierte en su modus vivendi.

Los Ceresos de Cancún y Chetumal son el ejemplo perfecto de la corrupción y la impunidad. Dentro, se vive una verdadera ley de la selva y se habla un solo lenguaje: el del dinero.

Se vende de todo y circula de todo. Hasta la dignidad humana tiene su precio, pues los reos pagan por “protección” al autogobierno, figura ilegal solapada y protegida por los alcaides ya que es útil para sus fines de ambición personal e institucional.

Un ex presidiario que estuvo recluido tanto en Cancún como en Chetumal con el que sostuve una conversación personal hace un par de años me narró de primera mano la vida infernal que es el día a día de los internos en los penales, sometidos por un régimen de terror, pero muy lucrativo. 

Las autoridades carcelarias, y se presume que los altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, se hacen de la vista gorda ante lo evidente, porque también tienen participación en el negocio. 
Desde su llegada a la Cdheqroo, el Ombudsman Harley Sosa Guillén asumió el compromiso de mejorar la calificación de las cárceles estatales, y ha utilizado como un instrumento para alcanzar esta meta la realización del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria Estatal, el cual supuestamente servirá como base para empezar a ajustar tuercas y mejorar las condiciones de los presos.

El Diagnóstico Estatal podría parecer innecesario, ya que la CNDH hace un diagnóstico nacional, organismo que al no estar coludido con los poderes estatales, es mucho más confiable y preciso.

Sin embargo la acción del Ombudsman tiene aspectos positivos, ya que el diagnóstico nacional supervisa principalmente los Ceresos, mientras que en el diagnóstico estatal se cubren los centros de detención de todos los municipios, incluyendo el polémico “torito” de Cancún, especie de cárcel temporal para conductores alcoholizados detenidos, que se ha convertido en tremendo negocio.

El informe que el mismo Harley Sosa presentó fue muy completo, y a la par solicitó a los presidentes municipales subsanar la multitud de deficiencias, so pena de recibir tremendas recomendaciones de la Cdheqroo.

Pero la solicitud del Ombudsman es algo así como un llamado a misa, al que atienden solo los que quieran, porque en las prioridades de los alcaldes no está el tema carcelario y si a algo no le temen, es justamente a las recomendaciones insulsas de la Cdheqroo. Así las cosas.