Continuando con el análisis de otra de las leyes secundarias de educación que deberá ser aprobada sin tanto trámite por los diputados, conoceremos un poco más de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Debo aclarar que no es cosa nueva, desde el sexenio anterior, el INEE fue creado simplemente para maquillar la política educativa que reclamaba urgentemente un proceso de evaluación del sistema educativo nacional, a través de la controvertida Evaluación Universal.

El proyecto de ley del INEE contiene 27 artículos y tiene como finalidad regular y coordinar el servicio profesional docente para  garantizar la prestación de servicios educativos de calidad. Su eje de acción se centra en un enfoque integral de la evaluación del proceso educativo para así fortalecer a las escuelas, los maestros y alumnos de educación básica y media superior.

En pocas palabras, el nuevo inquisidor se dedicará a evaluar de manera confiable, válida y periódica el nivel de logro de aprendizajes alcanzado por los alumnos e impulsar la cultura de la evaluación de los actores educativos, algo que nunca se hizo anteriormente.

En su articulado señala que a mediano plazo y anualmente se llevarán a cabo las evaluaciones obligatorias para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente a través de los concursos de oposición, así como para la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión.

Establece a su Junta de Gobierno y sus funciones, que deben garantizar la autonomía del INEE ante la influencia de partidos políticos.

Al final, con la creación del INEE, el Estado recobrará el control de la educación pública que en las últimas décadas se vio subyugada por los intereses del SNTE. Hacen falta más reglamentos que den claridad y transparencia a los procesos de evaluación, todo pinta bonito, pero los maestros merecen y exigen respeto a sus derechos laborales, sobre todo cuando ahora se correrá el riesgo de ser cesado sin responsabilidad alguna de la autoridad educativa. Su aplicación, desatará controversias laborales. Pese a que en un principio se prometió escuchar la opinión de los maestros, hasta ahora, su voz sigue ausente en estas nuevas leyes.