La reivindicación del ataque a una tienda Soriana por parte del Ejército Popular Revolucionario, a propósito de sus acciones de protesta por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, representa la reactivación de un actor que después de una larga espera en la clandestinidad se presenta abiertamente en la vida pública mexicana.

Si bien desde sus orígenes, en los años 70, estos grupos armados han tenido expresiones e influencia en el nacimiento de organizaciones civiles como el Frente Popular Revolucionario, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, las policías comunitarias y la propia normal rural de Ayotzinapa, los trágicos sucesos del 26 de septiembre en Iguala han traído al siglo XXI mexicano no solo el recordatorio de la pobreza, aislamiento, impunidad e injusticia que persiste en amplias regiones del país, sino a grupos que consideran que la lucha armada y el derrocamiento del Estado son la solución a los problemas de la nación.

Buena parte de la generación del 68 optó por la vía armada ante el autoritarismo y la represión de un gobierno autoritario que tardó más de 30 años en abandonar el poder con el advenimiento de la democracia. Sin embargo, esa democracia no fue construida por esos grupos radicalizados, fue el producto de la parte de esa misma generación que optó por el cambio gradual sin renunciar a los principios e ideales de justicia, equidad y solidaridad con los más pobres y desposeídos.

La democracia mexicana es imperfecta sin duda, Tlatlaya y Ayotzinapa son la muestra clara de la falta de incumplimiento cabal de un estado de derecho y bienestar en nuestro país; pero la salida de esta situación no pasa aplicando las fórmulas de la “agudización de las contradicciones” ni del desmantelamiento de las instituciones.

Resolver lo que pasa en México requiere de que el gobierno, en todos sus niveles, reconozca su responsabilidad en las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la ejecución de un grupo criminal en Tlatlaya, al igual que en el resto de violaciones a los derechos humanos que se siguen presentando en los estados más atrasados y marginados en México. Pero también de rechazar las opciones violentas para un cambio positivo en México.