Los desvíos de recursos y la incorrecta utilización de los mismos por parte de los gobiernos municipales no son una novedad. En Quintana Roo, siete de diez municipios incurrieron en millonarias irregularidades que están por ser sancionadas; pero mientras ello ocurre, los mecanismos de profesionalización de este nivel de gobierno es prácticamente nulo.
 
Desde el 15 de julio de 2013 la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados, aprobó el dictamen para constituir el Instituto de Formación para el Desarrollo Integral Municipalista, encargado de profesionalizar a los gobiernos de los más de dos mil 400 municipios de México. Y claro, ante las reformas impulsadas en materia energética, política, de telecomunicaciones y todas las que se le agreguen, esta iniciativa duerme el “sueño de los justos.”
 
El objetivo de la instancia es la de diseñar, orientar, capacitar, profesionalizar, estructurar, planear y evaluar todo tipo de formación dirigida a las autoridades municipales, incluyendo sus cabildos, desde el momento mismo en que son electos y a lo largo de su encargo; y vaya que dicha instrucción es necesaria.
 
De ninguna manera puede dejar de observarse la mala fe, el dolo y la intención deliberada de desviar recursos en algunos casos específicos en todo el país, pero como aun más escasas son las ocasiones en que las irregularidades conducen a sanciones reales; en la que no sólo se reintegran los recursos sino que además de sanciona a los involucrados, podemos recalcar entonces que las irregularidades cometidas son en gran parte por “no conocer” la normativa vigente, “por no saber” construir políticas públicas; por no tener, en suma, idea de lo que es gobernar, lo cual es ya de por sí grave, pero actualmente no ilegal, de ahí la importancia de la propuesta que ahora permanece estancada.
 
Juan Manuel Portal, titular de la Auditoría Superior de la Federación, informó apenas en marzo del presente año que se revisaría la asignación de recursos a estados y municipios para conocer si hubo irregularidades en la distribución por el caso de los “moches” denunciados por ediles de entidades como Guanajuato; de ahí que los diputados federales solicitaron la señalada investigación, que dicho sea de paso también ha quedado en el olvido; como olvidado quedó que en 2013 se detectaron irregularidades en el gasto de los 125 municipios del Estado de México, correspondientes al ejercicio 2012.
 
Con estos casos como ejemplo, lo que no deberá ocurrir en Quintana Roo es el “olvido deliberado”; por ello la solicitud de la XIV Legislatura a la Auditoría Superior del Estado (ASE), para que finque responsabilidades y proceda administrativa y judicialmente contra ex funcionarios de siete municipios del estado deberá rendir resultados efectivos, en caso contrario, sólo será una experiencia más del anecdotario nacional.
 
Pero con todo lo anterior como contexto, cabe decir también que las acciones de fondo son necesarias, pues si no se exige una escolaridad mínima para ocupar cargos de elección popular, debiera ser exigible la capacitación a partir de la creación de instancias como las que la Comisión de Desarrollo Municipal de la Cámara de Diputados ha propuesto constituir; sólo así y con servicios profesionales de carrera podrán aminorarse las irregularidades que se cometen.

Por supuesto, también debe sancionarse a los que deliberadamente desvían recursos. En poco más de tres meses, se cumplirá un año de que los ayuntamientos de Quintana Roo fueron renovados, y los resultados hasta ahora no son nada halagadores. Aun así, ya hay algunos alcaldes locales que sueñan con lanzarse a las campañas para las diputaciones federales ¡faltaba más!
 
Si sancionamos a los anteriores, estemos pendientes de los actuales, para evitar “sorpresas” futuras, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.