Según el Inegi, en 2013 el 59.2% de la población yucateca eran mayas y, aunque son mayoría, durante años se les ha tratado como un grupo minoritario carente de acceso a derechos, beneficios sociales, inclusión y oportunidades de desarrollo. 

Los mayas de Yucatán son un pueblo vivo, pero que se encuentra hundido en pobreza y marginación; es una realidad lacerante que se ha agravado en los últimos años, en donde nuestra clase política ha decidido sistemáticamente mirar hacia otro lado.

Y lo anterior queda en evidencia luego de ser presentado el paquete fiscal 2017, en donde se prevén recortes a importantes secretarías e institutos, siendo algunos más graves que otros, como es el caso del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), el cual el próximo año tendrá una reducción del 41% de su presupuesto respecto del ejercido este año.

El significado de esta reducción se traducirá en menos programas, apoyos y acciones en caminadas al desarrollo del pueblo maya yucateco; mientras nuestros diputados en un silencio complaciente se vuelven cómplices del menoscabo a la población maya, aun cuando la directora saliente del Indemaya es ahora diputada por el XV Distrito. 

Por otro lado, esto no es responsabilidad únicamente del Legislativo, nuestro poder Ejecutivo también contribuye a este proceso discriminatorio y excluyente, ya que las reducciones presupuestales, en muchas ocasiones, responden a falta de ejercicio de recursos y/o a falta de resultados en las metas establecidas al inicio del año, lo cual no es sorpresivo, puesto que la actual directora del Instituto en cuestión ha demostrado sus limitaciones para el manejo del mismo. El Indemaya requiere a una persona que conozca y le sean afines temas como derecho indígena, derechos humanos, desarrollo de pueblos originarios, entre otros; el hecho de que su titular no los maneje de manera adecuada nos hace preguntarnos si quien realizó la ubicación de dicha funcionaria analizó previamente el perfil de la misma, y esta asignación cae como en cascada a otros puestos estratégicos del instituto, por ejemplo, de acuerdo con el manual de organización, el jefe del departamento jurídico debe ser mayahablante para poder otorgar asesoría y asistencia legal en lengua maya, cosa que no sucede.

Mientras la clase política no reconozca la deuda histórica que tenemos con los mayas, limitadas serán las acciones encaminadas a la justicia social.

Durante años se ha trabajado para darle mayor presupuesto al desarrollo de las comunidades indígenas; por ello, valdría la pena recordarle a todos aquellos que contribuyeron a la reducción del presupuesto del Indemaya que también se considera corrupción cuando aceptamos un puesto público pagado por nuestros impuestos y para cuyo ejercicio no estamos capacitados.