En Chetumal, todos los ciudadanos somos culpables hasta que Dios Padre pruebe lo contrario, porque una vez que usted cae en manos de los “guardianes del orden” –del orden no sé de quién–, no hay manera de probar que están cometiendo una injusticia, que su acción obedece a un descarado encubrimiento de pifias cometidas por los propios policías o, de plano, que le tocó el mal papel de “chivo expiatorio”, y digo malo porque hasta para estos montajes caen en errores tan estúpidos, como el retrato “hablado” del supuesto asesino de la niña Jazmín Iridian Jiménez Ramos, que no se trató nada más que de una calca de la fotografía del alarife Aníbal Madrigal Moreno, que ya estaba detenido, encerrado en la agencia del Ministerio Público de Calderitas (¿?), esperando a ser presentado por la Procuraduría General de Justicia del Estado como trofeo ante la evidente falta de capacidad de la dependencia.

Eso fue en el año 2008. Una criatura secuestrada, mancillada y asesinada, y un desalmado criminal aún prófugo. De estas historias hay muchas.

Pero el altercado sucedido hace una semana en la Calzada Centenario, donde dos campesinos fueron casi ejecutados por policías municipales (sí señores, los disparos al parabrisas no fueron de advertencia. Eso, que se los crea su... Bueno, ella qué culpa tiene).

Luego del grave error cometido por los gendarmes, sus mandos superiores pretendieron disfrazar el asunto dando una versión inverosímil a la sociedad, a través de la prensa,  justificando las ráfagas de plomo disparadas por los uniformados, ¡como respuesta a una agresión de los civiles. Cierto, estos cometieron el pecado de llevar a bordo tres armas: una escopeta calibre .22, una 30-30 inservible y un rifle de diábolos 4.5 milímetros. ¡Vaya arsenal! Serían la envidia de cualquier cártel de las drogas en el mundo.

¡Por Dios! (o ¡par Dieu!, como dijera mi extinto abuelo). Y para rematar la actuación de la noche, los municipales le disparan por la espalda a uno de los dos (no tres) ocupantes de la camioneta rafagueada, que ante la situación, salió despavorido en loca carrera rumbo al monte.

Este oscuro desempeño se ve coronado, cuando nos enteramos que el taxista detenido junto con un ciudadano que andaba de fiesta, y que le gritó a los gendarmes un rosario de ofensas, ganado a pulso, fue sentado ante un agente del Ministerio Público, sin abogado, cuasi obligado a firmar una declaración creada a modo de hundir al declarante, mientras le ofrecía pizza a unas bailarinas exóticas (o reinas de la pista, como usted prefiera) que rendían declaración en la mesa de al lado.

Cuando el director de la Policía Municipal Preventiva, Gumersindo Jiménez Cuervo, ofreció una inverosímil versión de lo ocurrido la noche del viernes 15, que luego no pudo ser sustentada ante la falta de pruebas. Gumer debió dejar que rodaran cabezas ante la ineptitud de los elementos que estuvieron a punto de sacrificar a dos campesinos. Esos de ninguna manera pueden seguir siendo policías porque, certificados o no, actuaron movidos por la adrenalina y no por el sentido común.

En cuanto a la Procuraduría de Justicia, donde su titular, Gaspar Armando García Torres, tiene muy claro el panorama tras fungir con éxito como ombudsman quintanarroense, los señalamientos y quejas en contra de los agentes del Ministerio Público debieran comenzar a ocuparlo, porque si bien ha buscado “limpiar” a la Policía Judicial, asunto complicado, el desempeño déspota y arbitrario de los representantes sociales están creando una muy mala imagen de la Procuraduría.

De la actuación de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, prefiero reservarme el comentario porque sería peyorativo en grado sumo, pero la actuación del ahora maestro Enrique Mora Castillo y el equipo del que se rodeó –salvo honrosas excepciones–, es algo francamente para olvidar.