El llamado SAR 92 surge con el objetivo de subsanar las severas deficiencias del sistema de pensiones por, entre otros factores, la modificación en la estructura de la población ocupada, incremento en el número de pensionados, bajo nivel de cuotas obrero-patronales, estancamiento del mercado laboral, envejecimiento de la población, estancamiento del empleo formal, evasión patronal y las grandes inversiones en construcción y desarrollo de infraestructura hospitalaria efectuada por el IMSS; influyó también la experiencia de Chile, que en 1980 privatiza su sistema de pensiones.

El SAR 92 entra en operación el segundo bimestre de 1992, integrado por las subcuentas del seguro de retiro y de vivienda, a través de aportaciones patronales del 2 y 5%, respectivamente; el  seguro de retiro fue administrado por el sector bancario a través de cuentas individuales abiertas a nombre de cada trabajador, en el banco elegido por su patrón.

A partir del cuarto bimestre de 1997, se reforman las Leyes del Seguro Social y del Infonavit, se privatiza el sistema de pensiones, se crea la cuenta individual, una por cada trabajador, surgen las Afore y las Siefore, los trabajadores adquieren la propiedad de sus recursos, los que podrán heredar a sus beneficiarios, y se instaura la Pensión Garantizada, entre otros beneficios.

Fue insuficiente

Aunque la intención fue noble, el SAR 92 fue insuficiente e inoperante, pues los trabajadores recibirían, por conducto de sus patrones, cada año, un estado de cuenta, el que, por cierto, muchos trabajadores nunca lo conservaron, por falta de interés, desconfianza, apatía o indolencia.

El no contar con un estado de cuenta, o un resumen de saldos o de movimientos, impidió que miles de trabajadores pudieran identificar ni unificar sus recursos en su cuenta individual, operada a partir del 1 de julio de 1997 por una Afore.  

Derechos a salvo

En el año 2002, por Decreto Presidencial publicado el veinticuatro de diciembre de 2002, los recursos del SAR 92, no identificados por los trabajadores, pasaron a ser propiedad del Gobierno Federal, pero, no obstante ello, en el mencionado Decreto se tomaron las providencias para dejar a salvo los derechos de aquellos trabajadores que a futuro pudieran identificar y reclamar sus recursos.

Quienes previsoramente conservaron algún documento probatorio, expedido por las ICEFA´s que en su momento operaron sus cuentas individuales, pudieron solicitarle a su Afore, a partir de 1997, la integración de esos recursos en su cuenta individual, los que recibirán al pensionarse o al cumplir sesenta y cinco años de edad, en caso de tener una negativa de pensión.