El gobierno de Enrique Peña Nieto eligió el controvertido camino de negociar con quienes están cometiendo un delito. Porque por más justas, conmovedoras y atendibles que sean las razones de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero, lo cierto es que desde hace semanas tienen retenidas contra su voluntad a 54 personas, presuntos delincuentes, según esta organización de la Costa Chica. Es un delito.

El miércoles, diez dirigentes de la Unión se reunieron en Bucareli con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Supongo que antes de cualquier cosa, el secretario de Gobernación les pidió que entregaran a las 54 personas a las autoridades competentes, le digo al más visible de los líderes de la Unión, Bruno Plácido Valerio. “Sí nos lo pidieron, pero nosotros estamos discutiendo para revisar cómo coadyuvamos los ciudadanos con la autoridad”, responde. “Estamos en esa etapa. Estamos dialogando para ver cómo resolvemos ese problema. Estamos haciendo esa consulta, consensando con los ciudadanos el mecanismo de entrega”.

Con suma facilidad, Bruno Plácido Valerio anuncia que regresarán en 15 o 20 días, pero se mantienen en un “diálogo permanente para resolver en forma integral” el problema de la pobreza por olvido, de la delincuencia por pobreza.

Quizá sea noble y heroica la gesta de la Unión, pero es justicia por mano propia. El secretario Osorio Chong ha tomado el camino del riesgo al sentarse a negociar con ellos, en vez de aplicarles la ley a secas.

Y está sentando un precedente. Ojalá aterrice bien.