Cada mes aumenta el precio del litro de gasolina, los automovilistas hacen verdaderos malabares para al menos ponerle 200 pesos a su vehículo que desde hace tiempo no sabe lo que es contar con tanque lleno, porque para ello, se necesitaría en promedio gastar unos 600 pesos.

El incremento en el precio del combustible seguirá los próximos años, y a pesar de que México es uno de los principales países productores de hidrocarburos tenemos que pagar la gasolina a precios muy altos, incluso mayores a los de otros países que tienen que importarla.

Pero el tema que nos ocupa hoy, es el abuso que cometen las estaciones de servicio en contra del consumidor, al vender cantidades menores a las que cobran, lo que han venido haciendo toda la vida, pero que ante el incremento del precio del combustible se convierte en una calamidad más que los ciudadanos tienen que asumir casi sin chistar nada.

No olvidemos también que en muchas gasolineras venden el producto adulterado, con agua y basura, afectando seriamente al motor del vehículo, sin que ninguna institución haga algo para evitar estas irregularidades, porque hablar de la Profeco es perder el tiempo ante su indiferencia y muchas veces complicidad.

Siempre que algún ciudadano se queja de que está siendo abusado por alguna empresa, en lo primero que pensamos es en acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor para poner fin a tal atropello; sin embargo, como sabemos cuál será la respuesta, muchas veces preferimos callarnos y tragarnos el coraje.

Y ese es el problema, que no tenemos el suficiente valor para enfrentarnos a quienes abusan de su poder, porque pensamos que nadie nos hará caso, y de eso se valen los que durante años se han enriquecido a costa de nuestra falta de agallas para denunciarlos. Los dueños de las gasolineras no sólo se han hecho millonarios con las concesiones, sino abusando de personas que no tienen mayor patrimonio que su trabajo.

En Chetumal, en tan sólo dos o tres años, han proliferado las estaciones de servicio como pago de favores políticos y tal parece que a los propietarios les entregan una Patente de Corzo para hacer lo que quieran, porque eso es precisamente lo que hacen: abusar del inerme consumidor que sólo observa la manera en que le roban su dinero.

Cuando es evidente el abuso de las gasolineras, siempre paga los platos rotos el empleado que “por su cuenta” saca ventaja de su posición para afectar a los consumidores, pero todos sabemos que ese trabajador es apenas el último eslabón de la cadena de corrupción y es desechable como traste inservible.

Además, el empleado recibe un sueldo miserable por trabajar en horarios complicados, a expensas de la delincuencia, sin otra protección que no sea la divina y seguramente si son víctimas de los ladrones, no recibirán la atención médica de calidad que cualquier ciudadano se merece. En términos duros, se puede decir que los trabajadores de las gasolineras son material desechable, al fin que detrás de ellos hay un ejército de pobres que gustosos ocuparían su lugar.

Vivimos en la subcultura de la corrupción, y en casi todas las esferas de nuestra convivencia social impera el abuso contra los que no pueden defenderse; las instituciones están confeccionadas para mantener el estado de cosas en beneficio de  los que tienen el poder, sea este político o económico, y las autoridades que en teoría deberían encargarse de contener los abusos forman parte de la misma maquinaria perniciosa.

¿Quién puede contener los abusos de las gasolineras, si los concesionarios forman parte de esa misma élite que nos gobierna, anteponiendo sus intereses mezquinos por encima del interés de la sociedad, que no puede contar con los partidos políticos, puesto que sería como ponernos en manos del enemigo?

De todas maneras, no se deje atracar en las gasolineras, busque la forma de exhibirlos, que muchas veces es el único modo, de que den marcha atrás.