16 de Octubre de 2018

Opinión

Elecciones y gasto público

Legisladores optaron por prohibir el gasto público, desde el mes de marzo hasta después de las elecciones (mediados) de junio, es decir recortar una cuarta parte el tiempo de operación del presupuesto gubernamental.

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No soy de las personas que le regatean a los procesos políticos su importancia, pues sé que las elecciones definen el futuro de la sociedad, ya que constituyen un mandato sobre el rumbo que se le debe imprimir al desarrollo económico y social. No obstante, tratándose este 2015 de un año electoral, resulta pertinente plantearse: ¿hasta qué punto los procesos electorales deben someter a todas las actividades gubernamentales, incluyendo las que inciden en las productivas?

Parece que los legisladores han optado por la fácil y pragmática vía de prohibir el gasto público, desde el mes de marzo hasta después de las elecciones (mediados) de junio, es decir recortar una cuarta parte el tiempo de operación del presupuesto gubernamental, lo que de entrada incrementa el grado de dificultad para ejercerlo, pues hasta en los años normales se habla de subejercicio, pero no sólo eso.

La draconiana medida puede tener repercusiones más graves, pues, por ejemplo, los productores agropecuarios y pesqueros tienen ¡hasta el 15 de enero! para cubrir todos los requisitos para solicitar los apoyos gubernamentales que, si no son ministrados en marzo, tendrán que esperar hasta junio, lo que resulta grave, toda vez que las labores agrícolas de preparación de terreno y siembra se realizan a más tardar en el mes de mayo.

Lo que condenaría a los productores del sector social, en el mejor de los casos, si alcanzaran a cubrir a tiempo los requisitos, a conseguir financiamiento a través del agio, medida que incrementaría sustancialmente sus costos de producción, o simplemente a perder el ciclo primavera-verano.

Y si ello vale para las actividades productivas, en los programas de combate a la pobreza, que vienen a ser una especie de subsidio para la subsistencia, puede tener consecuencias más graves, incluso para la salud de los “beneficiarios”.      

Insensible y fría ley que en modo alguno garantiza que los candidatos y partidos políticos dejen de pasarse de vivos al invertir recursos ilegítimos e ilegales para comprar el voto de los electores y que contribuye a mantener las condiciones que dificultan  superar la situación económica en que factores internacionales han sumido a nuestro país.

Candidato.- Falta poco para conocer al candidato del PRI por Mérida, toda vez que se convocó para el 7 de enero para la inscripción de los aspirantes internos. Esta fecha representa el límite para saber si sale un candidato de unidad o se tendrá que pasar por un proceso no tan terso.

Dos buenas.- La Secretaría de Hacienda ratificó que NO aumentará el precio de las gasolinas en lo que resta de 2015 y que la tarifa doméstica de la electricidad disminuirá en un 2%, lo que no fue del agrado de los que le apuestan al deterioro económico de la población para ganar elecciones.

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