Hasta los años ochenta, era común que comandantes de zonas y sectores navales utilizaran vehículos oficiales (aquellos Rambler American) como propios, y lo mismo se hacía en las compañías de Infantería de Marina con los Jeep.  Ahora se ha restringido el uso de transporte militar a lo que siempre debió ser: para actos del servicio.

Desafortunadamente, esa política de la milicia no aplica en el ámbito civil, pues es común ver automotores con logotipos de dependencias de alguno de los tres niveles de gobierno que son utilizados por servidores públicos, e incluso por sus familias, para asuntos personales, como llevar los niños a la escuela. Y no nos referimos a los autos llamados “utilitarios“.

Esa (mala) costumbre de usar los bienes a cargo, iniciada y llevada al exceso por los presidentes en turno, aún está lejos de desterrarse, por eso ha causado sorpresa que el Estado Mayor Presidencial (EMP) fijara una tarifa al servicio que antes otorgaba gratis a funcionarios al transportarlos en sus aeronaves.

Ahora tendrán que pagar quienes siempre han volado gratis, como los legisladores federales -que tienen una dieta libre de toda erogación extra por sus actividades-, los integrantes del gabinete, los cuates y… ahí la dejamos.

Son conocidas las excentricidades de los mandatarios en turno en el uso y abuso del poder, particularmente en tratándose de viajes en las aeronaves del EMP, y también en los yates presidenciales, que los hay.  

Hay una vasta literatura que da cuenta de esos excesos, que con frecuencia fueron ocasionados por las familias de funcionarios. Por ello el cobro del servicio aéreo, además de ser un acto de  justicia, permitirá brindar mantenimiento y, en su caso, reponer las unidades, lo cual redundará en un mejor servicio.  

Por cierto, alguien nos contó acerca de un almirante que movió un barco de la Armada para llevar a su esposa del continente a una isla, pero esa es otra historia.