Todo gobierno debe medirse a partir de sus resultados, a partir de la manera en que se incide de manera efectiva para aminorar o resolver las problemáticas sociales; pues no se trata de pavimentar calles, de entregar mochilas o regalar despensas y cobertores, sino de cambiar la pobreza por condiciones de desarrollo, de evitar la dádiva para el contentillo electoral de los gobernantes; en suma, de hacer y no “hacer como que se hace.”

Al Plan Estatal de Desarrollo que presentó este miércoles el gobernador Carlos Joaquín González le han salido “ilustrados” críticos que pretenden hacerlo ver como una mala copia del de su antecesor, olvidando una simple –pero enorme– diferencia: ninguno de los documentos que se presentaron hasta antes del de ayer había contado con los mecanismos de evaluación suficientes para conocer de manera cuantitativa y cualitativa los “beneficios” de que alguno de ellos haya gobernado Quintana Roo.

Para los formados en administración pública, el demagógico discurso de “construir un plan con los anhelos y demandas de la gente” no dice nada, más allá de un acto de voluntad del gobernante, pues lo verdaderamente trascendente está en que, lo que el gobierno pretenda realizar, abone a cambiar la situación diagnóstica a partir de la cual se parte, reducir la pobreza, aumentar la seguridad, la salud, el desarrollo; pero de manera tal que sea medible.

En concreto, en los últimos años el discurso gubernamental presumía la llegada de vuelos, el fin de las llamadas “temporadas bajas” en turismo y las estadísticas que colocaban a Quintana Roo como las entidades que más empleos genera ¿cómo explicar entonces que la mitad de la población estatal vive en pobreza, que la mitad de los que trabajan no tienen seguridad social y que desde 2012 tres municipios estatales por primera vez en la historia tienen población con alta marginación? Simple: el gobierno trabajaba para el “bisne”, sin someter su actuación a la evaluación, por ello cuando organismos nacionales señalaban el mal desempeño, se rechazaban las estadísticas, disfrazándolas de ataques políticos, o advirtiendo que quienes las reproducían no eran “quintanarroístas.”

La valía del plan radica en el realista diagnóstico, en los indicadores que permitirán su evaluación y en la gestión orientada a resultados y no a procesos. Antes se medía si las cosas “se hacían bien”, no los resultados. Ahora la intención, por lo menos en el documento, es que se hagan correctamente y los objetivos se alcancen. Y si no se alcanzan, cualquier ciudadano que desee podrá señalar las fallas del gobierno de Carlos Joaquín González, pero con cifras concretas, con argumentos fundados en el mismo plan, y ante ello los gobernantes no podrán aducir ataque político alguno ¿se nota la diferencia?

Pero el Plan es apenas el primero paso, faltan ahora las acciones; toca ahora a los ciudadanos ser partícipes en la gobernanza que plantea el gobierno, involucrarse en sus decisiones. En buen plan, el Plan parece por primera vez una guía de acción y no un cúmulo de buenas intenciones “al aire”.