Desde el gobierno federal se insiste más que nunca en la rendición de cuentas y la transparencia para mejorar la “imagen país” y ganar credibilidad. Ambos conceptos son esenciales para fundamentar un gobierno abierto y participativo, aunque lamentablemente la realidad es otra: según el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de los Municipios 2015 (ITDIF-M), ningún municipio cumple los parámetros, por lo que el desafío es enorme.

Por medio de la rendición de cuentas las autoridades explican a ciudadanos y representantes de otros niveles sus acciones, aceptando la responsabilidad implícita en el desarrollo de las mismas. En tanto, la transparencia abre la información al escrutinio público para que puedan revisarla y utilizarla como mejor convenga, incluso como mecanismo de sanción.

Para que exista una clara rendición de cuentas, los gobernantes deben promover la transparencia. Es una cuestión de sentido común y de ética profesional: hacer las cosas correctamente, para vivir con la conciencia tranquila; sobre todo, de cara a los gobernados y en una época definitoria en lo electoral.

Ha habido un esfuerzo interesante en Cancún para lograr dicha condición. En agosto de 2013, en calidad de presidente electo, Paul Carrillo de Cáceres coincidió con el titular del Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia, A.C., Francisco Córdoba Lira, en el sentido de tomar en cuenta el reclamo de la ciudadanía: “Mi gobierno será muy transparente y muy cercano a la gente”, prometió.

Es que por aquellos días Benito Juárez figuraba entre los peor evaluados del país en este ámbito. El ITDIF-M situó ese año al municipio con la calificación más baja: cero. Cuentan que fue peor después, cuando los actuales servidores públicos hallaron millonarias deudas ocultas y arqueos mal preparados. Por lo mismo, las declaraciones contra la opacidad eran celebradas por todos.

Por eso agradan ahora -a quienes analizan esto con seriedad- las jornadas de capacitación para funcionarios, las aprobaciones del Órgano de Fiscalización Superior, las mejores notas que ponen las agencias calificadoras crediticias y los compromisos expresos frente a todos de cerrar una administración sin deudas y con la transparencia como pilar de todas las acciones gubernamentales.

Gracias a lo anterior, la Comuna ha escalado varios puestos en la medición que considera asuntos como marco regulatorio, costos operativos, evaluación de resultados y estadísticas. Y a falta del análisis de este año (el mejor en transparencia, dicen en Palacio), la expectativa es todavía mejor en un rubro que los ciudadanos comienzan a valorar en su justa dimensión.

La obligación de transparentar y garantizar el acceso a la información, activa canales de comunicación entre las instituciones de gobierno y la sociedad, al permitir a los habitantes participar en los asuntos públicos y en la revisión del ejercicio gubernamental. Esta, que es una idea no alcanzada aún en la nación, debe convertirse en objetivo prioritario cuanto antes, para que los esfuerzos trasciendan más allá de la esfera política.

Además, si bien los avances en materia de transparencia y acceso a la información también se han dado en el ámbito estatal (todas las entidades federativas cuentan con una ley de acceso), es indispensable establecer criterios homogéneos para evitar las asimetrías en el ejercicio de este derecho.

Falta por hacer, y pese a resistencias o a cambios profundos en la estructura por el surgimiento de un nuevo municipio, la tarea se está cumpliendo en un Ayuntamiento otrora acostumbrado a desfalcos y a números rojos.

Al ciudadano le toca exigir y proponer bajo el manto de la ley; no siempre desde agrupaciones o instancias superiores, pues algunas obedecen a otros intereses, pero sí con responsabilidad. En la transparencia –o en la falta de ella– todos participan de alguna manera.