Antes de entrar en materia, daré un rotundo mentís a la “leyenda urbana” que circula entre una parte de la población, afortunadamente cada día menos personas, que consideran que “las comisiones de Derechos Humanos defienden a delincuentes”. Categórico NO.

La responsabilidad de quien haya cometido un delito está en manos del juez que atiende el caso. En eso nadie más tiene injerencia alguna y las comisiones de Derechos Humanos NO piden mayor o menor castigo para el delincuente, cuando el juez ha emitido la sentencia que determina la condición de reo. Mientras eso no se dé subsiste la presunción de inocencia.

Nos hemos dado leyes en todos los ámbitos: financiero, social, laboral, etc. Estamos obligados, funcionarios y funcionarias, especialmente, a respetarlas. No vale tergiversarlas, retorcerlas, para cumplir un capricho o imponer voluntades rayanas en el autoritarismo o atentar contra la dignidad de una persona.

Recientemente hubo dos presuntos suicidios en cárceles municipales: 17 y 22 de enero pasado, en Umán y Dzidzantún, respectivamente. Ya iniciamos las investigaciones correspondientes e hicimos un llamado a los presidentes de los 106 municipios del Estado para reforzar la vigilancia y supervisión en las cárceles públicas, para garantizar el respeto a la dignidad y la integridad física de las personas detenidas, responsabilidad de las autoridades correspondientes.

Aún está vigente la Recomendación General 06/2014 sobre los Derechos Humanos de los detenidos en las cárceles municipales.

En México tenemos leyes en la materia que tratan de reinsertar en la sociedad a quien haya cometido un delito, motu proprio o por accidente, de la mejor manera posible, con respeto a su dignidad y para ser productivo para esa misma sociedad, que ya castigó y espera un mejor comportamiento.

Valdría la pena leer el Manual de Buena Práctica Penitenciaria. Implementación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que en su Presentación consigna su esencia: “Es hora de que los centros penitenciarios dejen de ser un motivo de vergüenza para los gobiernos y las sociedades que los contienen…”.