La cerrada discusión de la Ley reglamentaria de Telecomunicaciones que se ha desarrollado en estos días, y que será pospuesta para su aprobación en un período legislativo extraordinario, cuyos objetivos están orientados a promover la inversión en el sector, estimulando mayor competencia entre las empresas del ramo, así como ingresos al fisco proporcionales a las ganancias de aquéllas, sólo pueden encontrar justificación si logran proporcionarle al consumidor mejores precios, más  calidad  y mayor capacidad de elección.

Puede verse también como un choque de trenes entre los dos grandes consorcios que controlan ese mercado de características oligopólicas: la confrontación entre Televisa y Telcel en sus tres aspectos: mantener la preponderancia en sus mercados originales, impedir la incursión en ellos de nuevas empresas y, contradictoriamente, poder incursionar con nuevos productos y servicios en los nichos de sus contrapartes.

Pugna en la que hemos visto tomar parte a diversos  legisladores, donde lo más destacable es su utilización por parte de los grupos del PAN para hacer propaganda a favor de su candidato a la presidencia de su partido, Madero o Cordero, que intentan ganar puntos poniendo en evidencia el colaboracionismo de su contrincante con el gobierno.   

Por otra parte, las críticas del PRD contra el gobierno federal por presuntamente beneficiar a Televisa para granjearse futuros apoyos electorales  sólo contribuyen a poner en evidencia su alineación con las empresas de Slim, que ha establecido vínculos de negocios con los gobiernos de la Ciudad de México, como la construcción de un tramo de la línea 12 del Metro, hoy bajo escrutinio de la Asamblea del DF.

Sin embargo, ambas partes parecen olvidar que los empresarios, más que establecer compromisos con las agrupaciones políticas en torno a cuestiones ideológicas, prefieren construir  relaciones económicas con los gobiernos que tienen capacidad de pago, en busca de la obtención de ganancias. Lo cual queda claro tras 12 años de gobiernos federales panistas en que las empresas de comunicación, por lo menos, mantuvieron excelentes relaciones, como las que tienen con el gobierno actual. Sólo le venden a quien puede comprar.

Además, si consideramos la estricta reglamentación para la compra y distribución de tiempo para la propaganda electoral y su eficiente control y fiscalización por parte del flamante INE, la influencia de los medios de comunicación en los procesos electorales tenderá a estar ligada cada vez más a la personalidad carismática de los candidatos y la credibilidad de los partidos políticos.

No obstante, la reglamentación de las telecomunicaciones no debe culminar en el triunfo de Slim o de Azcárraga, sino en la apertura del sector que les permita competir sin ventaja entre ellos y, lo más importante, que posibilite la entrada de nuevos inversionistas que puedan ofrecer mejor calidad y bajos precios a la programación televisiva y a los servicios de telecomunicación e internet.