La mayoría de las 129 estancias infantiles que opera la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo tiene deficiencias en seguridad, violenta las normas oficiales y pone en riesgo la integridad de cientos de niños quintanarroenses.

 

Casi la totalidad de las estancias que albergan a más de dos mil 800 infantes en Quintana Roo son viviendas de amigos, compadres, o incluso de familiares directos de trabajadores de la Sedesol, que se han visto beneficiados con el programa que impulsara desde 2007 el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. 

 

El programa nunca buscó ser un negocio, ni mucho menos se pretendía exponer con la falta de condiciones de los establecimientos la integridad de miles de niños. 

 

Según el plan original, estas guarderías pretendían apoyar a madres trabajadoras y padres solos de niños y niñas de 1 a 3 años y 11 meses de edad, y de 1 a 5 años y 11 meses en los casos de niños con alguna discapacidad. 

 

Estas guarderías serian gratuitas para los “beneficiados”, pero desde su creación, el programa apareció con el sello de la corrupción, la indiferencia de algunos funcionarios federales y el tráfico de influencias.

 

La gran mayoría de las “guarderías” en el sur de la entidad son casas de interés social que sólo pueden albergar a 6 niños, apegados a la normatividad.

 

Si esta normatividad se respetara al pie de la letra, los inmuebles destinados para este fin en Quintana Roo deberían de tener 20 metros cuadrados.

 

Y es que la norma es clara, pues estipula que el inmueble deberá contar con estas características: ser amplio para atender a 10 niños o más, considerando un promedio de 2 metros cuadrados de espacio por niño, incluyendo la superficie que ocupará el mobiliario.

 

Este espacio considera las áreas techadas destinadas a la estancia de los niños, sin considerar la cocina, baños, ni área de actividades administrativas.

 

Al decir de las dimensiones de las casas que sirven como guarderías en Quintana Roo cuentan con habitaciones de 3 por 3 metros, lo que en suma arroja una superficie de 9 metros cuadrados, lo que en estricta condición permitiría albergar a 4 niños y no 10, como indica el documento girado por las oficinas centrales.

 

Las viviendas que han sido utilizadas como “guarderías” carecen de extintores, salidas de emergencia, y puertas con las dimensiones y especificaciones marcadas por la dirección estatal de protección civil.

 

Los “encierros del peligro”, como han sido llamados, han sido concesionados por delegados y delegadas en algunos estados sin el mínimo control. La inoperancia e irresponsabilidad de algunos funcionarios federales es más que evidente. No aceptan que los lugares son un peligro para miles de niños.

 

Mercedes Hernández Rojas se enfada al ser cuestionada una y otra vez, y contraataca. “Hago una pregunta: ¿las escuelas cuentan con extinguidores, sensores de humo y puertas de emergencia?” Y ella misma se responde, como disparo de tirabuzón: “No, verdad… Entonces no confundamos”. 

 

Las acusaciones de que las escuelas del país son inseguras para millones de niños y jóvenes exponen un tema más complejo, pero la delegada después del “error” insiste en que no  enredemos las cosas. “Esto es un programa que ayuda a miles de mexicanos”.

 

Estas guarderías se han entregado como si se tratase de estampillas, sin acatar las disposiciones oficiales de dicho programa, debajo de la buena intención se generó un lucrativo negocio sexenal.

 

Aquí no hay reglas claras que permitan la verificación de guarderías y estancias infantiles para evitar siniestros como los registrados en el estado de Sonora.

 

Las rutas de evacuación son inexistentes, si tomamos en cuenta que son casas habilitadas para este fin, pero peor aún resulta que las puertas de emergencia no pueden ser instaladas en algunos casos, porque son casas de interés social, que en su proyecto original, nunca contempló convertirse en un espacio para albergar a decenas de infantes.