24 de Septiembre de 2018

Opinión

¿Es en serio?

Los últimos días he pensado en el tiempo (inútil) que dedicamos en saber si lo que otros nos contaron, es verdad.

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Los últimos días he pensado en el tiempo (inútil) que dedicamos en saber si lo que otros nos contaron, es verdad. No sé por qué tenemos esa impresión o costumbre de preguntar: ¿es en serio?
 
Eso mismo me pasa cuando leo que destinaran 30 millones de pesos en verificar las firmas que entregaron cuatro partidos políticos para pedir consultas populares, durante los comicios de 2015.

Según información del Instituto Nacional Electoral, el registro de electores en el país necesita contratar personal y por supuesto insumos, un local, equipo, tinta, papel, en fin,  para revisar si las firmas que entregaron los organismos políticos para hacer la solicitud de consulta son reales. 

¿Entonces? Cuando decidan que las rúbricas en realidad pertenecen a ciudadanos mexicanos vivos con derechos, gastaremos otros millones de pesos –quien sabe cuántos- en la organización de las consultas para que esas mismas personas que firman la petición den a conocer que es lo que quieren de los partidos políticos. ¿Es en serio?

Es el cuento de nunca acabar. Las consultas son del PRD y Morena contra la Reforma  Energética; del PAN, sobre el salario mínimo; y del PRI, para disminuir la cantidad de plurinominales en el Legislativo.

Las preguntas de las consultas son sobre el acuerdo de los mexicanos en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética. También si coinciden o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la captación del petróleo, gas, refinación, petroquímica e industria eléctrica.
 
En el caso del PAN la interrogante es para votar si la Ley Federal del Trabajo debe establecer que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nueva paga mínima que cubra todas las necesidades de una familia a fin de garantizar, al menos, la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Y la cuarta consulta es para conocer la opinión del ciudadano sobre la eliminación de 100 diputaciones plurinominales. ¿Es en serio?

La organización de la consulta popular es una facultad del Instituto Nacional Electoral, y la legalidad de la pregunta debe ser calificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Según la Ley Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014, la consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho, a través del voto emitido mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional.

Agrega que los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto en esa jornada exclusivamente, cuando coincida con la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, según lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Hay temas que no pueden ser votados como las restricciones a los derechos humanos reconocidos por la Constitución; los principios relativos a la forma de gobierno establecidos en el artículo 40 constitucional, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización y operación de las fuerzas armadas.

La consulta popular puede ser solicitada por el Presidente de la República, el 33 por ciento de los integrantes del Congreso de la Unión, o el 2 por ciento de los ciudadanos que integren la lista nominal y que equivale a un millón 605 mil 120 mexicanos quienes deben respaldar la consulta.

Eso significa que para checar las firmas de cada una de las propuestas de los legisladores de los partidos políticos por los que votamos para que nos representen ante las cámaras y hagan leyes para que este país funcione, hay que gastar 30 millones de pesos más para que luego se destinen otros recursos para hacer las preguntas que se supone los ciudadanos pedimos que nos hagan. ¿Es en serio?

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