El fin del régimen de partido de Estado, consumado con la alternancia partidista en la Presidencia en 2000, tuvo como resultado evidente que el jefe del ejecutivo perdiera poderes que la dinámica política del país, y no sus leyes, había puesto en sus manos.

En ese pasado reciente, el Presidente decidía cosas como las candidaturas de su partido, la renuncia de gobernadores y el contenido de las leyes, o podía imponer líneas de conducta y condiciones de todo tipo a distintos poderes reales, como los concesionarios de televisión, los sindicatos, los grupos empresariales, los rectores o las iglesias, por ejemplo.

Este poder autoritario y unipersonal no fue, sin embargo, relevado por una nueva estructura democrática de gobierno, que en una nueva institucionalidad asumiera las funciones que antes ejercía el jefe de Estado, integrándolas en un sistema político legítimo y por tanto gobernable.

No pudo ser así pues no se llevó a cabo una gran reforma política que diera a la naciente democracia instrumentos de gobierno distintos de los consagrados en las leyes para un régimen de partido hegemónico.

El poder del Estado no fue reordenado, sino desestructurado, haciendo que problemas que antes tenían soluciones arbitrarias hoy no tengan remedios practicables. El poder ayer centralizado en una persona se ha visto auténticamente centrifugado hacia infinidad de poderes que actúan sin límites reales.

Esto es evidente en los casos de muchos gobernadores, de las televisoras, de las universidades, de las iglesias, del ejército, de los partidos, de los dirigentes sindicales y de los más poderosas empresarios. Sus actos, mal limitados por las leyes, han dejado de estar subordinados al Estado. Las instituciones del poder público son hoy incapaces de sujetarlos a los intereses generales de la sociedad.

El Estado viene perdiendo su esencial capacidad de articular ordenadamente los procesos sociales. Nuestro país muestra así signos de tránsito a una etapa pre-estatal de organización social.

Y no hay soluciones autoritarias. El Estado mexicano no recobrará sus funciones buscando el regreso a un viejo régimen presidencialista ya inviable, sino sólo en la construcción de un sistema político democrático y de leyes. Un régimen hecho para gobernar mujeres y hombres con criterio y opinión propias, y no un amasijo de seguidores.