Los diversos accidentes de tránsito ocurridos en las vacaciones de Semana Santa en Yucatán causaron la muerte de nueve personas y dejaron heridas a muchísimas más. Pero este tipo de incidentes no son accidentales. Tienen causas específicas y responsables personales, sí, pero también institucionales.

Circular en el Estado, y particularmente en Mérida, es una actividad cada vez más desagradable y peligrosa. Más allá de los reglamentos, básicamente adecuados, muchísimos conductores, tal vez la generalidad, cometen a diario infracciones que ponen en riesgo la vida y el bienestar de otras personas y que sólo por excepción son sancionadas. Algunas de estas conductas, muy visibles, son causa evidente de un gran número de siniestros:

Los límites de velocidad no se respetan. Parecen ser considerados como sugerencias que tal vez se podrían atender si no se tuviera una buena razón para correr. Por otro lado, respetarlos es considerado una disminución de virilidad, o un síntoma de cobardía. El correcto uso de los carriles se ignora. Su trazo es malo cuando no peligroso.

Se circula en general a la izquierda o, de preferencia, ocupando dos carriles. Usar la direccional es un riesgo, pues el que está en el otro carril o el que piensa que será rebasado lo asumen como una afrenta y procuran obstruir la maniobra. Se establecen dos carriles anchísimos en las avenidas y se permite el estacionamiento en ellas, de forma tal que se reducen a uno en el que los automovilistas se disputan violentamente el paso.

Éstos y otros elementos no tienen como resultado nada más un tráfico caótico y agresivo, sino que producen, caso por caso, choques y atropellamientos. Generan muertos, lisiados de por vida, quemados y heridos de todo tipo. Y estas condiciones en el tráfico tienen como responsable institucional a las autoridades estatales y, en menor grado, a las municipales.

Hacer que los policías sepan cómo se debe manejar y lo hagan, proporcionar una señalización clara y suficiente, educar en la aplicación del reglamento de tránsito, pero, sobre todo, no dar licencia a quien no sabe manejar y penalizar sistemáticamente las infracciones son obligaciones de gobierno cuyo cumplimiento haría de Yucatán un lugar realmente seguro.

Las víctimas de la negligencia deben pesar en las cuentas políticas del gobierno.