Juana Mariano Fabián, de 20 años, a quien el pasado 31 de diciembre su pareja José Manuel Lara Fabián injurió y trató de ahorcarla, y ante lo cual tomó un cuchillo para defenderse, fue consignada al penal de Chetumal.

La mujer fue detenida por la policía judicial en la colonia Nueva Generación de esta capital, luego de pedir ayuda por las agresiones de que había sido objeto por parte de su pareja, y en su desesperación tomó un cuchillo y lo hirió hasta que éste la soltó.

El herido de 22 años fue trasladado al Hospital General en una ambulancia, mientras Juana tan pronto relató lo sucedido a la policía judicial, quedó detenida y puesta a disposición del Ministerio Público del fuero común, por el delito de lesiones.

Lara Fabián también fue puesto a disposición del Ministerio Público, pero en el término constitucional el MP determinó actuar penalmente contra la mujer, así que la consignó ante el juzgado penal, mientras que a José Manuel lo dejó en libertad bajo las reservas de ley.

Este caso ha indignado a la sociedad quintanarroense, al grado de que la conductora de un noticiero se preguntó si tenían que dejarse matar las mujeres para no defenderse de sus atacantes y no ser llevadas a la cárcel.

Y no es para menos, pues el 70 por ciento de las mujeres quintanarroenses sufren de algún tipo de violencia; en tanto, el 28 por ciento es víctima de violencia extrema. Según el INEGI, un 84 por ciento de las mujeres tienen pareja; el 14 por ciento son solteras, y el dos por ciento, viudas.

Según organizaciones especializadas, el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en violaciones, ya que se produce más de una violación por día, lo que arroja un promedio de 411 violaciones al año y cuya cifra supera la media nacional en un 250 por ciento.

Quintana Roo se encuentra entre las tasas con mayores índices de mujeres desaparecidas. 

El INEGI informó que esta entidad ocupa el primer lugar en este rubro, con 74.2 casos por cada 100 mil habitantes, seguido de los estados de Tamaulipas, Sinaloa y el Distrito Federal.

La agencia de noticias Apro publicó en su portal la nota: “por decreto”, el procurador Gaspar Armando García Torres redujo drásticamente el número de feminicidios en la entidad, ya que de 13 casos que se habían contabilizado hasta junio pasado, García Torres redujo la cifra a sólo uno.

Reconoció que la Procuraduría de Justicia (PGJE) determinó tipificar como feminicidio sólo cuando se trate de asesinatos seriales contra mujeres. Y justificó esta interpretación legal con el argumento de que la PGJE está ante el riesgo de que el Poder Judicial deseche como feminicidio una acusación de un homicidio contra una mujer y el responsable salga libre.

“No hemos tenido casos que pudiéramos catalogar como feminicidios, incluso cuando tenemos un hecho (de homicidio contra una mujer) aunque sea violento, porque corremos el riesgo de que si no se dan los elementos de feminicidio como tal, puede el acusado obtener su libertad”, dijo en rueda de prensa en Chetumal.

Sólo un proceso penal

Indicó que el único proceso de feminicidio en la entidad fue contra Jorge Rosales Piña, quien está bajo proceso por el asesinato de cuatro prostitutas en Chetumal. También refirió que este sujeto perpetró los asesinatos de sexo-servidoras como efecto de una experiencia que tuvo con una prostituta que lo contagió de Sida.

Pero descartó otros casos, como el de una joven chiapaneca que apareció muerta en un cuarto de hotel del centro de Cancún. Además, omitió el caso de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado desnudo en la vía pública en una colonia popular en diciembre de 2013.

El procurador recordaría que el Código Penal contempla una sentencia de 25 a 50 años para el homicidio calificado, al igual que para quienes cometen feminicidio.

Y del 40 o 50 % de las mujeres quintanarroenses que se encuentran en cargos públicos y de elección popular, como de la Comisión de Derechos Humanos, ¡Ni sus luces!