La Cámara de Diputados –y con ello México– acaba de dar un gran paso en materia de derechos humanos al reformar la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam) para evitar que militares portadores de VIH sean dados de baja. 

El cambio fue impulsado por el presidente Enrique Peña Nieto en octubre del año pasado, dentro de un paquete de cinco iniciativas que envió al Congreso de la Unión.

El asunto no es nuevo. En su informe 2011 “VIH Sida y Derechos Humanos en México: el caso de los militares”, la CNDH advertía que las Fuerzas Armadas son un grupo altamente vulnerable a las infecciones de transmisión sexual y al VIH debido a factores como la edad, la movilidad y la cultura de riesgo, entre otros, y que la violación a su derechos humanos era la práctica común en la prueba de detección del Sida, comenzando por su aplicación obligatoria, contra la que señalan las normas internacionales.

El Ombudsman nacional documentó en ese entonces quejas contra Semar y Sedena desde 1992, que derivaron incluso en la baja de militares seropositivos; soldados y marinos en esa condición eran estigmatizados al ser “obligarlos” a solicitar su baja o desertar, con lo que perdían todos sus derechos para ellos y sus familias. 

(En 2012, el Ejército admitió que tenía entre sus filas más de 230 soldados con VIH).

La CNDH emitió varias recomendaciones a la Marina y al Ejército para restituir a algunos elementos dados de baja, pero los titulares las incumplían al invocar la tabla de padecimientos del artículo 226 de la Ley del Issfam, que señala las causales de retiro del personal castrense, esto no obstante que la Suprema Corte de Justicia estableció en 2007 jurisprudencia sobre el tema, al señalar que la causa legal de retiro por inutilidad basada en la seropositividad a los anticuerpos contra el virus del VIH, sustentada en la norma del Issfam, viola el artículo primero de la Constitución.

Ha sido un largo camino para llegar a la reforma avalada por unanimidad el pasado miércoles en la Cámara baja y que deroga el numeral 82 del artículo 226 tantas veces citado, para eliminar los estados de inmunodeficiencia de cualquier origen como causal de retiro en las Fuerzas Armadas. 

Sin duda es solo un paso, pero un paso importante en la protección de la dignidad de todo ser humano.