Durante el priato, los congresos se llenaban de personas cuya actividad nunca era legislar. Fuera porque no tuvieran capacidad para hacerlo, fuera porque las leyes las hacían los presidentes y gobernadores, la principal función de los diputados y senadores estaba suprimida. Estos cargos cumplían sin embargo otras funciones: pensiones de retiro para leales destacados, premios de consolación para aspirantes frustrados a puestos más importantes, salvavidas político para adversarios internos y, muy especialmente, trampolín para nuevas posiciones. Eran, en todo caso, un lugar privilegiado del poder. Entre sus beneficios se incluía el acceso, heterogéneo y siempre condicionado a las decisiones del poder ejecutivo, al ejercicio del presupuesto público, desde regalar plazas de trabajo en el gobierno hasta conceder obra pública a voluntad.

Estas prácticas, realizadas rigurosamente al margen de la ley, se convirtieron en la principal actividad de quienes ocuparan una curul. Y si en otros países se les tipificó como el delito de tráfico de influencias -pues se supone que los dineros públicos se ejercen a partir de criterios objetivos de valoración de las necesidades de la sociedad, y de ninguna forma a partir de la mayor o menor influencia de un legislador- en México, al pasar las décadas, fueron dignificadas bajo la etiqueta de “gestión legislativa”.

Paralelamente, los espacios empezaron a ser disputados por las entonces nuevas fuerzas políticas, que los fueron conquistando gradualmente. Tras la alternancia, el acceso de los parlamentarios a esos recursos fue heterogéneo pero creciente. Finalmente, durante el presente sexenio, la capacidad de los diputados para meter las manos en el erario se formalizó, destinando bolsas millonarias a cada uno para que, a su capricho, decidiera el ejercicio de una porción del dinero público. 

Colocados de lleno en esta pista, los legisladores no se han conformado con las de suyo inconstitucionales partidas asignadas, sino que dedican su mayor esfuerzo a “ampliar su gestión”, es decir, a disponer de más y más dinero público para usar a voluntad, compitiendo por nuevos cargos o directamente para enriquecerse.

Esta corrupción galopante, exhibida con estridencia por los legisladores en sus informes, anuncia ya la inutilidad del nuevo sistema anticorrupción.