Quienes conocen de política estarán de acuerdo en que el conflicto magisterial, que rápidamente se extiende a otros estados del país, es un fenómeno cíclico inherente a los procesos electorales. La historia que registra los sucesos de las últimas décadas siempre se ha visto salpicada de toda clase de bajezas para chantajear y coaccionar el voto de los ciudadanos, sin embargo, las últimas crónicas muestran la brutalidad y crudeza de las acciones de grupos o personas que no se tientan el corazón a la hora de sacrificar a su gente por la causa.

La carrera a 2018 ya comenzó, y con ella la intención de “bajar” a los presidenciables más fuertes, la arena política siempre ha sido la misma: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán; el eterno aspirante sólo se ha cambiado la bata por otra más “morena” pero sus deseos de venganza y frustración, lejos de amainar, se han intensificado a raíz de los resultados electorales de junio pasado. No va solo, pues la inseparable alianza AMLO-CNTE-Morena-grupos radicales (APPO), estudiantes universitarios y normalistas es formidable, sobre todo cuando a ellos se les suma el asesoramiento de la latente guerrilla mexicana (ERPI) enraizada en la región al igual que el dinero de los narcotraficantes (productores de heroína) que cubre gran parte de los gastos del movimiento; la apuesta es tirar al sistema de gobierno mexicano.

Nochixtlán fue el punto de quiebre que rompió el dique y desbordó las pasiones; al fin la CNTE pudo sentar al Estado a dialogar, el toque de retirada y la estrategia del gobierno permitieron que la Secretaría de Gobernación fuera sitiada por los grupos conflictivos, encerrando entre sus puertas la lucha por el poder político. Ahora aflora la incongruencia: para qué pidieron una mesa de diálogo si no piensan resolver nada ahí. Los puntos planteados llevan como bandera la abrogación de la reforma educativa, algo que les permitirá manejar a su antojo las fechas del calendario electoral, pues es bien sabido que una modificación a las leyes sólo la puede realizar el Congreso de la Unión. Con esto la CNTE se pone arriba en el marcador.

Si el Estado mexicano no asume su responsabilidad ni aplica la ley sin consideraciones políticas, los bloqueos carreteros, el vandalismo y el caos social cobrarán más víctimas inocentes entre la sociedad civil. Al paso que vamos, la geografía política se complica más y con ello se incrementa el riesgo de que la población busque la puerta falsa a sus problemas y necesidades.