A Carlos Joaquín González le han fallado sus principales aliados de campaña, pues no cabe duda que las demandas públicas de desvíos de recursos por parte de Roberto Borge Angulo, que los hoteleros hicieron durante la campaña electoral, fueron clave para el triunfo del ahora mandatario; sólo que las actuales autoridades olvidaron que los empresarios no tienen amigos, sino intereses, y a menos de dos meses de gobierno, sus demandas tienen a la administración joaquinista ante la primera gran disyuntiva gubernamental: ceder siempre o poner orden.

Apenas iniciado el gobierno de Joaquín González, el mandatario cedió en favor de los hoteleros sobre una de las más sentidas demandas de campaña, que era la modificación del actual huso horario quintanarroense, pues el gobernador dijo que se harían los estudios para determinar si realmente existe ahorro; cuando es un hecho público que la modificación fue impulsada por los empresarios turísticos para su beneficio, con el argumento de que se homologarían los horarios de vuelos de toda la costa este de Estados Unidos, situación que es cierta, pero tan sólo durante menos de cuatro meses al año.

Los hoteleros denunciaron durante el proceso electoral que, desde el tiempo de Félix González Canto, el gobierno quintanarroense desvió unos 450 millones de pesos que debieron pagarse para la recuperación de playas, pero el ahora senador y presidente de la Comisión de Turismo simplemente “desapareció”; y con Roberto Borge, la asociación civil “Somos tus Ojos” denunció que más de mil 400 millones de pesos recaudados por el impuesto al Hospedaje fueron desviados, cuando debían estar etiquetados para promoción turística; ambos hechos fueron fundamentales para dimensionar el daño que el felixato y el borgismo hicieron a las finanzas públicas.

Los empresarios turísticos parecían entonces los principales aliados de Carlos Joaquín González en su camino a la gubernatura, pero para el 2017 el gobierno estatal ha propuesto que lo recaudado por el impuesto al Hospedaje sea destinado en un 40 por ciento para promoción turística, y el restante 60 por ciento para infraestructura del ramo, y es donde los empresarios mostraron su verdadero rostro, al confrontar de manera abierta al gobierno que impulsaron, demandándole que el total recaudado sea para promoción.

De nada –hasta ahora– han valido las declaraciones hechas incluso por parte del secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, en el sentido de que el gravamen debe beneficiar también a comunidades: “No se valen destinos de primera y comunidades de tercera o cuarta”, dijo el funcionario, pero la demanda sigue y el gobierno de Carlos Joaquín González deberá mostrar el talante en las siguientes dos semanas, a riesgo de ser rebasado permanentemente por los “caprichos” de quienes aseguran mantener a Quintana Roo, no sin bastante razón, pero ganancias obtienen y son millonarias anualmente.