Las imágenes del pasado 1 de diciembre, día en que rindió protesta el nuevo Presidente, se difundieron por todo el país e incluso en el extranjero: grupos de jóvenes y no tanto realizaron actos de vandalismo a niveles nunca vistos en la ciudad de México.

De 69 detenidos inicialmente, poco a poco fueron dejados libres la mayoría hasta quedar 14 presos, que ahora podrán salir libres bajo fianza luego de que la Asamblea Legislativa reformó el artículo 362 del Código Penal para el DF.

En esencia, con la reforma se desagravó el delito de ataques a la paz pública, que castigaba con 30 años de cárcel los actos vandálicos; ahora será de dos a siete años. Y aplica a los detenidos, por el principio de que la autoridad que conoce o haya conocido del procedimiento penal, aplicará de oficio la ley más favorable.

Parece nota de este día de Santos Inocentes, pero no. Esa turba que perturbó la paz con actos de extrema violencia y que derivaron en daños contra terceras personas, propiedades y  bienes públicos, quedará impune.

Se habla de dedicatoria con esta reforma aprobada al vapor y publicada menos de 24 horas después. No podemos pensar lo contrario, pues el jefe de Gobierno, Miguel Mancera, desde el principio se manifestó por un trato diferenciado a los detenidos, argumentando detenciones arbitrarias. Así le apuesta a mantener la paz en la capital.

Con esta decisión de los asambleístas prácticamente se otorga un cheque en blanco al vandalismo y la anarquía; como si no fueran suficientes las marchas, protestas y plantones de las que cotidianamente son rehenes los capitalinos y los visitantes. La plancha del zócalo es un ejemplo de cómo se ha abusado de la libertad de expresión y manifestación de ideas.

Un protagonista de ese día de furia, el joven estudiante Uriel Sandoval Díaz, al reivindicar el derecho a la libre manifestación de ideas (omitió decir que este derecho debe ejercerse en forma pacífica), declaró que “perder un ojo no es nada”, quizás concediendo lo que el Código de Hammurabi establecía: “La mutilación de una parte del cuerpo en proporción al daño causado”.

Habría que preguntarle a los legisladores perredistas que impulsaron la reforma, si los afectados no merecen, al menos, ser favorecidos por una ley del talión. No a la del ojo por ojo… sino el principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma impone un castigo en proporción al crimen cometido.

¡Que la nación se los demande!