18 de Septiembre de 2018

Opinión

Instituto Nacional Electoral

En el actual proceso de reforma, algunos partidos intentan romper el control que los gobernadores tienen de los órganos electorales estatales.

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Uno de los puntos que permitió alcanzar el gran acuerdo plural de la reforma electoral de 1996 fue el establecer mecanismos eficaces de control de la legalidad de los comicios locales. Si antes de la reforma los poderes estatales podían actuar con plena libertad, incluyendo la de avalar fraudes electorales, a partir de ella los partidos y candidatos tendrían forma de reclamar sus derechos ante la ley. (Los nuevos derechos alcanzaron en poco a los ciudadanos comunes.

El criterio imperante entre los pactantes demostró ser que las cuestiones electorales son demasiado importantes para que cualquier ciudadano pueda andar reclamando que se ajusten a la ley).

Pese a sus límites, la posibilidad de que un fraude electoral fuera juzgado por un tribunal federal demostró de inmediato tener capacidades preventivas y remediales suficientes para reducir drásticamente los conflictos post-electorales y limitar su recurrencia y duración, al dar cauce jurídico a algo que antes sólo podía reclamarse por presión política. Bien que con deficiencias importantes, el nuevo sistema fue un gran avance democrático.

En el actual proceso de reforma, algunos partidos intentan lograr un avance semejante, ahora rompiendo el control que los gobernadores tienen de los órganos electorales estatales. Éstos serían disueltos y sus funciones asumidas por el Instituto Nacional Electoral, que sustituiría al actual Instituto Federal Electoral. El planteamiento es lógico, sin embargo, valdría la pena considerar el efecto de las nuevas presiones a las que este organismo se vería sometido y a las que no estaba sujeto su antecesor.

Justamente esos gobernadores cuyos intereses directos se verían afectados por el establecimiento de un instituto autónomo operarían directa e intensamente para ejercer la mayor influencia en el Instituto Nacional Electoral (INE), desde la designación de sus integrantes hasta su funcionamiento cotidiano. Si hoy el IFE se encuentra formalmente secuestrado por los partidos, a los plagiarios habría que añadir a la mayoría de los gobernadores y no pocos poderes fácticos locales.

El efecto real sería el inverso del buscado. Las elecciones locales no quedarían en manos de los poderes nacionales, sino que los comicios federales se sujetarían a los intereses locales.

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