16 de Diciembre de 2018

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Esta semana será muy movida en el plano de la política nacional, ya que se espera que se aprueben la leyes de instituciones y procedimientos electorales y la de partidos políticos.

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En la contienda para elegir al próximo dirigente del PAN se enfrentan dos grupos poderosos: en uno están los gobernadores albiazules que operan para mantener a Gustavo Madero en la presidencia y en el otro figuran la ex primera dama Margarita Zavala, don Luis H. Álvarez y la ex candidata a la Presidencia Josefina Vázquez Mota, quienes apoyan al senador Ernesto Cordero.

En Yucatán cada uno de estos equipos tiene a sus propios gestores. El lado de Gustavo Madero tiene tres grandes operadores -los de la talacha-, uno es el ex diputado federal Joaquín Díaz, la ex comisaria de Caucel Elisa Ibarra y la ex candidata a la presidencia municipal de Tizimín Bertha Trejo. Del lado de Ernesto Cordero quienes figuran son la senadora Rosa Adriana Díaz, el diputado federal Sergio Chan y el regidor de Mérida Felipe Duarte.

Queda claro que en Yucatán ningún grupo arrasará en todos los municipios.

Esta semana será muy movida en el plano de la política nacional, ya que se espera que se aprueben la leyes de instituciones y procedimientos electorales y la de partidos políticos. La primera propone que los consejos electorales locales se integren por siete consejeros y que uno de ellos sea el presidente, designado por el consejo general del INE.

Esto se da en el marco de las negociaciones entre del gobierno de Enrique Peña con el PAN y  el PRD. Con esta modificación desaparecerían los consejos electorales estatales -aquí es el IPEPAC- y entre las negociaciones está que se respete a los trabajadores de base. Las designaciones se deben realizar antes del día 30 de septiembre.

La Presidencia de la República y los partidos  se han dado cuenta de la intromisión del dinero en los tres niveles de gobierno para favorecer a un instituto político o a un candidato, pero también están los recursos que provienen del narcotráfico en campañas electorales -léase Michoacán y Tamaulipas, entre otros-, y se están blindando de manera formal para evitar este tipo de conductas con sanciones más severas.

Por ejemplo, el Artículo 171 dice: “El Instituto deberá coordinarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... para prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos que realicen los organismos o dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios durante cualquier proceso electoral”.

El Artículo 173 dice: “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público... podrá coordinarse con otras autoridades supervisoras en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo...”. Con esta norma los partidos pueden perder su registro o la candidatura si se detecta que el dinero  tiene procedencia ilícita. Aquí el gran problema son los topes de campaña que el PRI quiere imponer.

En el PRD de Yucatán David Barrera Zavala pronto dejará la dirección estatal, habrá un nuevo líder que cubrirá un interinato, lo que hace que el próximo dirigente estatal vaya a ser el diputado local Bayardo Ojeda  y como secretario general quede el dirigente de la CIOAC, Tonathiú Villanueva,  o Nelson Mex, quien tiene el apoyo del legislador federal Alejandro Cuevas.

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