19 de Septiembre de 2018

Opinión

Inversión y empleo

Al observar al conjunto del país es claro que la generación de negocios ha venido aparejada con un ritmo comparable de quiebras.

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Desde que el neoliberalismo se hizo doctrina oficial de Estado se ha promovido la noción de que la función más evidente del capital es generar trabajo: agua, mojado; bomba, explosión; inversión, empleo. Así, la generación y el crecimiento de empresas comenzaron a ser valorados como elementos de principalísima importancia para la sociedad toda.

Pero la relación entre inversión y empleo no es mecánica. En efecto, si se analizan casos individuales, cualquier creación de empresa genera espacios laborales. Sin embargo, al observar al conjunto del país es claro que la generación de negocios ha venido aparejada con un ritmo comparable de quiebras.

Esto resulta clarísimo si observamos el número desmedido de empresas, destacan los pequeños negocios familiares, que nacen condenados al fracaso a ojos vista, pero que, sí, mientras agonizan a alguien emplean. La realidad mexicana es que el desempleo, aún con las cifras fantasiosas del INEGI, no ha retrocedido significativamente desde López Portillo.

En cuanto a los beneficios de los empleos creados, baste recordar que de 1970 a la fecha la capacidad adquisitiva del salario mínimo se ha reducido en más del 60%: toda la inversión de casi medio siglo se ha traducido en la masiva precarización del trabajo.

Se debe tener conciencia de que la meta de la inversión de capital no es generar empleos, sino lograr riqueza individual. No hay razón para que sea de otra manera, ya que éste es el interés legítimo del empresario en un sistema de libre mercado.

Lo que sí resulta ilegítimo es que, con el argumento de la creación de empleos, desde el gobierno se asuma que las inversiones deben estar más allá de la ley. Si la inversión viola las normas ecológicas debe permitirse pues crea empleos, si destruye el patrimonio arquitectónico o arqueológico está bien porque crea empleos, si acaba con usos culturales centenarios hay que admitirla por lo mismo, y si no cumple con las normas de construcción no importa.

Nadie discute ya el derecho de las empresas a generar enriquecimiento personal. Lo que no puede ser es que, además, ese sea el objetivo principal de la sociedad y el Estado, y que en pos de tal fin deban admitirse empleos escasos y mal pagados, junto con la destrucción de aquella riqueza que, todavía, es de todos.

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