Es procedente el juicio de amparo en contra del incremento al precio de la gasolina, por diversas violaciones constitucionales, al no establecer un precio fijo del combustible y zonificar el incremento, lo que se interpreta como falta de equidad e igualdad, así como por  la “omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 constitucional, omisión de no fijar los precios del combustible.

Al no existir un precio estable, dejan en estado de indefensión al consumidor y no dan trato de igualdad, pues los precios son desproporcionados e inequitativos, y dan paso a la especulación y la anarquía comercial.

La zonificación para el incremento paulatino es violatoria de los artículos primero, 17, 28 y 31 de la Constitución Mexicana, pues no hay principio de equidad, proporcionalidad e igualdad ante la ley, lo que da pie a un trato distinto y discriminado para algunos habitantes del país.

Es posible que la demanda de amparo no sea resuelta por el juez o tribunales de amparo, y que tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que se pronuncie al respecto en el presente juicio, pues cumple con los preceptos de importancia y trascendencia para que entre en la discusión del tema, y se pronuncie en contra de los actos inconstitucionales. Al considerar que las nuevas disposiciones para la venta de gasolinas generarán especulación y anarquía comercial en el ramo, con consecuencias graves al consumidor, la pregunta sería ¿Porque no actúa la Profeco como ente autónomo toda vez que es su deber proteger al consumidor?

El juicio de amparo, pretende proteger de manera auto aplicativa a los ciudadanos del acto de autoridad del gobierno federal a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Economía (SE) por el incremento al precio de los combustibles, el cual entró en vigor a partir del 1 de enero, y a partir de esta fecha se tienen 30 días para presentar el amparo en la vía auto aplicativa ya que es una norma que afecta de manera inmediata con la sola entrada en vigor a todos los mexicanos

El alza de la gasolina afecta, de entrada, porque va repercutir en el incremento en precios y una espiral inflacionaria. 

La ley estipula que el juicio de amparo se debe interponer en un periodo máximo de 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor del llamado gasolinazo, lo cual ocurrió el 1 de enero, y se debe presentar ante el juez de Distrito correspondiente en cada entidad un escrito en el cual se pida la suspensión del incremento de cerca de 20% en los precios de las gasolinas.

Después de que se presente el amparo, el juez debe determinar si lo admite lo cual ya sucedió y si otorga la suspensión provisional a los demandantes. En términos prácticos, esto implicaría que si el juez otorga la suspensión del gasolinazo, cada uno de los demandantes debería llevar consigo su resolución y mostrarla al cargar gasolina.