El título de esta columna es el de un estudio publicado este año por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) y que ofrece datos para conocer un poco acerca de los jóvenes que son procesados por hechos delictivos en nuestro país.

Pese a que son crímenes muy violentos ejecutados por adolescentes (o niños) los que suelen llamar la atención mediática, en realidad, la mayoría de los delitos que cometen los adolescentes en México son lesiones (16%), robo (a transeúnte, a casa-habitación y a negocio), daño a la propiedad y narcomenudeo.

El documento establece que las diez entidades con mayor número de inculpados en México son el Distrito Federal, Guanajuato, Nuevo León, México, Tamaulipas, Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Coahuila.

Otros datos reveladores se desprenden de una encuesta realizada en Centros de Tratamiento, que es donde los jóvenes pasan prisión preventiva o sentencia de privación de libertad, de dos estados (Baja California y Durango) y en la que 8 de cada 10 encuestados refirieron abandono o descuido en su entorno familiar y golpes y castigos exagerados.

Un 47% dijo que alguna vez abandonó el hogar por días o años y 30% que bebía alcohol con frecuencia, al menos una vez por semana. La mitad de los jóvenes encuestados señaló que, antes de ser procesados, consumían diariamente mariguana. 

El reporte revela que la mayoría de los jóvenes encuestados tienen entre 16 y 17 años y que más de la mitad no fueron informados de sus derechos al momento de ser detenidos, mientras que entre 30 y el 40% no fueron informados del delito por el que se les detuvo.

La policía municipal resultó la autoridad que más fallas tuvo al momento de informar a los menores sobre sus derechos durante la detención. Entre 38 y 60% refirió que fue maltratado físicamente y 80% dijo que no le permitieron tener contacto con algún familiar. 

El 18 de junio de este año entró en vigor una nueva “Ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes”, actualizada con las políticas internacionales tendientes a dar mayores oportunidades a los menores que cometen delitos, enfocándose en su reintegración a la sociedad. Pero todos tenemos una deuda con la juventud: la familia, la escuela y la sociedad para darles atención, disciplina, valores, y el Estado para proporcionarles un entorno económico y social propicio para su sano desarrollo.