Nada indica que el asesinato del comandante de la octava Zona Naval, vicealmirante Carlos Miguel Salazar, haya sido planeado.

El atentado, en el que también fue muerto su asistente (segundo contramaestre de la Armada), tampoco tiene relación directa con los cuatro narcobloqueos (impulsados por la lógica de plata o plomo) que protagonizaron transportistas y taxistas en distintos puntos carreteros contra el explicable despliegue de las fuerzas federales.

Todo apunta a que se trató de un hecho fortuito, en el que además contó la mala suerte de que el chofer de la camioneta desconociera y diera tumbos alrededor de una hora por los riesgosos caminos de terracería que circundan La Noria.

De lo que no parece haber duda es que los criminales son templarios, detenidos casi de inmediato por una de las Unidades Coordinadas del Ejército que, por fortuna, patrullan las brechas y veredas en el rumbo.

En un Michoacán devastado por la narcoviolencia, la muerte del alto mando naval potencializa la terapia de choque que está obligado a aplicar el gobierno federal para sanar un estado hasta hoy fallido.