Algo, sin duda, se perdió dentro del espíritu de la educación pública y los movimientos magisteriales en las últimas décadas del siglo pasado. Tal parece que tanto el gobierno federal como los profesores renunciaron a la vocación transformadora de la escuela pública y a su papel como motor de cambio social a partir de la impartición de conocimientos, generación de valores, acceso a la cultura, formación del pensamiento crítico y de identidad nacional.

Esto, sin duda, es el resultado de la podrida relación de complicidad y corrupción que construyeron los gobiernos del PRI con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que hizo su primera crisis durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y que desembocó en la caída de su entonces sempiterno líder Carlos Jonguitud Barrios y el entronizamiento de Elba Esther Gordillo como líderesa sindical.

Fue precisamente el charrismo sindical que encarnaba Jonguitud el caldo de cultivo para la formación de una corriente que exigía democracia al interior del CNTE, y que se organizó en lo que hoy conocemos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

La fórmula del gobierno de Salinas para intentar reducir el poder de la dirigencia sindical de los maestros y del emergente movimiento democratizador fue la llamada federalización educativa, que no fue otra cosa que una suerte de balcanización en la que cada gobierno estatal se hizo cargo de los servicios educativos y de las relaciones sindicales.

El resultado fue catastrófico, se perdió la capacidad articuladora e integradora de la Secretaría de Educación Pública federal y la naciente coordinadora, tras lograr el control de las secciones sindicales del Distrito Federal, Oaxaca y Michoacán, fue dejando de lado su afán de extender la democratización del sindicato de maestros a nivel nacional atrincherándose en esos estados y entablando relaciones con sus gobiernos, igual o peor de corruptas que las de los charros sindicales del priato.

Hoy, cuando La Maestra Gordillo está en la cárcel acusada de enriquecimiento ilícito, la CNTE se mantiene a pesar de que se ha corrompido a grado tal que, por ejemplo, son públicas las millonarias entregas de dinero que el gobierno de Oaxaca le canaliza a la sección 22 para mantener un regular control sobre sus dirigentes y evitar que desquicien la vida de esa entidad.

La corrupción promovida desde el gobierno es el combustible que alimenta a ese grupo de presión que ya nada tiene de democrático. Desactivarlo, con la gran cantidad de recursos que maneja, la impunidad con que opera y sus acabadas estrategias de presión y chantaje se antoja por lo menos muy complicado. Habrá que ver si este gobierno lo consigue.