Toda la semana pasada, los chilangos fuimos testigos de lo que solo puede ser calificado como ausencia de gobierno. La disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación doblegó al federal y al Congreso en el debate por la reforma educativa y exhibió la incapacidad del Gobierno del Distrito Federal para contener las protestas magisteriales bajo el teatral e increíble argumento de evitar violencia y sangre en las calles de la Ciudad de México.

La administración peñanietista y el PRI se doblaron ante el magisterio disidente al retirar de la agenda legislativa de este periodo extraoridnario el dictamen de la Ley del Servicio Profesional Docente, que establece los términos de la evaluación y “la permanencia” de los maestros a partir de sus capacidades para impartir conocimientos y rompe el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre las plazas de maestros, las cuales son objeto de un vergonzoso tráfico del que se enriquecen los líderes sindicales oficiales y disidentes.

Pero, además, el DF se sumió en el caos gracias a la inacción de los gobiernos federal y capitalino ante un movimiento sin bandera real, que puso de cabeza a la capital sin tener argumentos contra una reforma educativa que no plantea el despido de ningún maestro en activo, pero establece que deben ser evaluados y que de no aprobar tendrán que entrar a un proceso de capacitación, para volver a ser evaluados y en caso de no acreditar los conocimientos necesarios para estar al frente de un grupo después de un tercer intento, simplemente, dejarán de dar clases y serán reasignados a labores administrativas.

A partir del rechazo sin sustento a una legislación tan benigna para el magisterio y en franca minoría frente al millón 200 mil agremiados al sindicato de maestros, la CNTE secuestró las calles del DF y se ganó el repudio de la mayoría de los capitalinos, pero contó para ello con la protección del PRD y el Gobierno del DF y la parálisis burocrática de la administración de Enrique Peña Nieto.

El colapso de la capital a manos de la CNTE generó un falso debate sobre la pertinencia de reprimir este movimiento. Sin duda, hubo quien exigían la acción de los cuerpos de seguridad, lo que no necesariamente representa que tenga que existir un acto de represión violenta contra los manifestantes. La obligación de la SSP del DF era contener a la CNTE para que no bloqueara al Congreso y eso no ocurrió.

Al final y tarde tuvo que intervenir el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que la CNTE liberara las sedes del Congreso, dejando muy mal parado al gobierno de la Ciudad de México. Ahora solo falta que la Ley del Servicio Profesional Docente sea aprobada, a ver si pueden.