“Juan X” fue detenido en la avenida Tulum de Cancún, frente al Palacio, con un argumento tan confuso como absurdo: su apariencia física dio lugar a sospechas.

En la batea de la patrulla de la Policía Municipal fue golpeado para que confesara supuestos delitos cometidos en la zona, los cuales asegura desconocer porque solo busca trabajo para mandar dinero a su familia radicada en Chiapas. Fue liberado horas después.

Como “Juan X” deben ser decenas, quizá cientos los que sufren violaciones a sus derechos. Pocos denuncian. Es una realidad triste en Cancún y Playa del Carmen, polos turísticos que atraen mano de obra barata del Sureste pobre.

No es un problema de horas, sino de vida. Estar retenido por una causa injustificada es violar las garantías individuales consagradas en la Carta Magna y en tratados internacionales suscritos por México.

Cuando un gobierno permite el maltrato, sobre todo cuando lo cometen sus policías, o ignora las reglas de un proceso justo, transgrede los derechos humanos de la población. La gravedad de esos actos es condenada incluso por organismos internacionales, aunque el caso de “Juan X” (y de muchos otros) ni siquiera es conocido por el jefe policial en turno.

La no discriminación es un derecho humano ya que pone las condiciones para la realización de los planes de vida individuales en condiciones de igualdad y dignidad.

Cualquier funcionario en sano juicio dirá que no existe una intención de la autoridad en violar los derechos; pero lo que importa no es la intención, no es la motivación, sino el hecho de que las agresiones siguen ocurriendo a cualquier hora, en cualquier lugar de la ciudad y bajo circunstancias inexplicables, lo cual exhibe a un sistema policiaco y judicial endeble.

No solo ocurre en Quintana Roo. Es una realidad-país. En el marco de una reciente evaluación internacional, la prensa nacional informó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene 2 mil 352 expedientes con indicios de la participación de servidores públicos municipales, estatales y federales en la desaparición forzada de personas y 7 mil 253 casos de tortura. Se alerta sobre cateos ilegales, detenciones y retenciones arbitrarias.

Cabe resaltar que son expedientes en los que constan una denuncia y una posterior investigación. De antemano sabemos que mujeres e indígenas prefieren ocultar su drama por vergüenza y no por sed de justicia.

Desde ya, la autoridad municipal encargada de revisar estas acusaciones debe frenar los atropellos. La consigna a seguir es simple: no debe haber trato diferenciado, desfavorable e inmerecido, menos cuando al perjudicado se le atribuye características devaluadas.

DESORBITADO…

Afuera de las oficinas del Instituto Nacional de Migración de Cancún rondan “coyotes” en busca de “presas fáciles”. Muchos extranjeros que pretenden regularizar su situación buscan agilizar los trámites debido a que la autoridad está rebasada por falta de personal capacitado y pocos recursos. Los inmigrantes se entregan a supuestos gestores, que en ocasiones suelen ser exagentes del INM que tienen contactos de sobra al interior. Las víctimas pagan de más por una diligencia que pueden realizarla de manera personal pagando una tarifa establecida en la ley, sin otorgar dádivas. Allí, pues, también se discrimina y, peor aún, se defrauda a quienes optan por cumplir la ley.