24 de Septiembre de 2018

Opinión

La iniciativa presidencial

Pemex y la CFE mantendrían el control de la producción y comercialización de energía, lo que evitará disfunciones de abasto como las que sufrió hace poco Argentina.

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Como se advirtió, la iniciativa de reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, por los matices que muestra, no está hecha para satisfacer las posiciones de los radicales.

Ni de los de izquierda como los del PRD, PT, Morena y demás, que ante la dificultad de explicar de manera convincente su propuesta, han optado por oponerse a cualquier transformación importante con el viejo argumento de que sería suficiente con algunas modificaciones administrativas para alcanzar los objetivos deseables, sin considerar los requerimientos actuales de inversión y tecnología, en una palabra capital, para mantenernos al día.

Ni de los de derecha, como los del PAN que la tildan de insuficiente pues pone límites a la participación del capital privado, nacional y extranjero, al no entregarles, mediante concesiones, la propiedad plena de los campos petroleros, nulificando así su posibilidad de libre comercialización, y al mantener bajo control de la paraestatal la distribución de la energía eléctrica.

Pemex y la CFE mantendrían el control de la producción y comercialización de energía, lo que evitará disfunciones de abasto como las que sufrió hace poco Argentina debido a que a las productoras de energéticos, españolas por cierto,  les resultaba más rentable vendérselos a otros países, lo mismo que para regular los precios internos.
Sin embargo, en la industria eléctrica los capitales privados podrían participar sin otra restricción en la producción convencional o alternativa de la corriente, y en la industria petrolera y de gas podrán incursionar en todas las etapas del proceso productivo (exploración, extracción, industrialización y transporte) bajo convenios de participación de utilidades.

Porque el punto de partida de esta discusión es la aceptación de que el gobierno mexicano, Pemex, la CFE y la Secretaría de Hacienda no cuentan con la capacidad de inversión necesaria para explotar adecuadamente nuestras reservas en pozos profundos, ni para llevar a cabo los procesos de modernización que necesitamos en las demás etapas como la refinación y el aprovechamiento del gas, su transporte  y distribución.

Ese es el sustento de la apuesta del gobierno para la creación de empleos, ya que si a la situación productiva actual de las paraestatales se le inyecta mayor inversión de las compañías privadas, aunque nada es lineal en la economía, resulta altamente probable que se creen nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos, lo que incrementaría el tamaño de nuestro mercado interno.               

El otro resultado esperado es la baja en los precios de los combustibles y la electricidad para el consumidor, tanto doméstico como industrial, como secuela virtuosa de la racionalización de los procesos productivos.

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