El debate sobre la libre comercialización de la marihuana en México se ha enfocado en el posible derecho a consumirla y sus implicaciones para la salud pública. Esta perspectiva parte de una falsa premisa, que la legalización de la hierba puede impedirse, y deja de lado un aspecto muy importante del proceso, sus implicaciones para la economía mexicana.

La legalización de la marihuana es un proceso en curso hace décadas y que se acelera a nivel mundial. Desde la imposibilidad práctica de impedir su consumo hasta las violaciones de derechos humanos cometidas en su persecución, pasando por las interrogantes sobre la legitimidad del Estado para intervenir en asuntos de moral personal y la doblez de criterios éticos cuando la legalidad del alcohol y otras sustancias dañinas está fuera de debate, entre otras razones, han abonado al convencimiento en la política y en la sociedad de que la prohibición es una mala solución al problema del consumo del estupefaciente.

Esto se ha traducido en un creciente número de lugares donde las leyes ya permiten su comercio, en un proceso que previsiblemente será global.

En los Estados Unidos, el consumo legal de cannabis en una veintena de estados está significando el desarrollo acelerado de una nueva industria agrícola, que crece libre de competencia externa en el mercado más grande del mundo y con todas las ventajas tecnológicas posibles.

En pocos años, su tamaño le permitirá tanto presionar por la plena legalización más allá del propio país, como entrar con ventaja a mercados que pudiendo haber desarrollado su propia industria no lo hicieron, debido a las presiones anti-drogas del propio gobierno norteamericano. Tal es el caso de nuestro país, donde su producción podría ser altamente competitiva y constituir una alternativa económica, tan legítima como el cultivo de la vid, para un campesinado cada vez más empobrecido,

La condición hoy existente es incompatible con la apertura del mercado agrícola pactada en el TLC y que, en principio, permitiría cultivar cannabis en México a fin de venderla legalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, ni gobierno, ni partidos políticos, ni empresarios, ni productores agrícolas parecen tener el mínimo interés en ello.

Tal vez sí nos merecemos convertirnos en importadores de mota.