De acuerdo con la página del Congreso del Estado, el 29 de abril fue presentado el Dictamen con Minuta de Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo (conocida públicamente como “Ley Antimarchas”), en la que  se pueden leer los siguientes párrafos:

“Estimamos que es necesario incentivar la adopción y el cultivo de los valores cívicos para consolidar el orden, la paz y la tranquilidad pública, y es por ello indispensable que en Quintana Roo le demos la importancia que el tema requiere y atendamos la necesidad de contar con un marco jurídico que contribuya a la legítima finalidad de que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, así como la convivencia entre los mismos, se desarrolle en forma pacífica, pero sobre todo, como lo pretende la iniciativa, con pleno respeto de las actividades y los derechos de todos por igual”.

“El trabajo parlamentario nos implica un constante ejercicio de apertura, diálogo e intercambio, más al tratarse de una sociedad democrática y globalizada en que la comunicación es instrumento consustancial a la legislación, política y práctica de los derechos. Atendiendo a tales factores, en el documento legislativo que se dictamina, se recogen y plasman las opiniones y criterios de diversos actores, tanto del poder ejecutivo del Estado como de organismos civiles interesados en la materia, que han expresado su preocupación por concretar una Ley de vanguardia”.

 Esta Ley originalmente fue impulsada por el diputado Juan Carrillo Soberanis. Su primera versión fue aprobada el 25 de marzo pasado. Después de que fuera presentada al Congreso del Estado para su aprobación, por cierto, en un tiempo récord, como si fuera un tema urgente para la ciudadanía, fue ampliamente debatida sobre todo en los medios nacionales, posteriormente se generó el debate sobre la posible violación a los derechos humanos con este ordenamiento legal y sobre los posibles visos de inconstitucionalidad, en atención a que ninguna ley local puede contravenir nuestra Carta Magna y esta Ley transgrede lo estipulado en los artículos 6, 7 y 9 de nuestro máximo ordenamiento legal y político.

En aproximadamente un mes los diputados locales que aprobaron la primera Ley cambiaron de opinión y presentaron una nueva Ley. Sus alcances, que algunos han calificado como una versión light de la primera Ley, se apreciarán mejor cuando algún grupo de ciudadanos decida llamar la atención de las autoridades sobre algún tema público y se manifieste.

Entiendo que ya se ha debatido sobre la Ley, por lo que considero puede ser más interesante reflexionar sobre las ideas de los párrafos que al inicio de este texto cité, ya que los diputados locales manifiestan: “Estimamos que es necesario incentivar la adopción y el cultivo de los  valores cívicos para consolidar el orden, la paz y la tranquilidad pública”.

Está suficientemente documentado en encuestas y estudios de opinión que el tema público más importante para la ciudadanía es el de la seguridad pública, el de la seguridad ciudadana. Ya se ha repetido innumerables veces los problemas que en materia de seguridad pública enfrentamos los quintanarroenses. Actualmente nuestro Estado ocupa el penúltimo lugar en el Avance en Evaluaciones de Control de Confianza, que por obligación deben de cumplir los empleados públicos que laboran en Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia de las Entidades Federativas.

La información que cito, puede consultarse en la página del Sistema Nacional de Seguridad Publica: www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/work/models/SecretariadoEjecutivo/Resource/1052/1/images/AVANCEMARZO2014.pdf

Cuando los diputados dicen que consideran necesario incentivar la adopción y el cultivo de los valores cívicos, para consolidar el orden, la paz y la tranquilidad, pareciera que esos valores fueran desestimados por los ciudadanos. Resulta irónico que en nuestra entidad, en donde existen serios problemas de seguridad pública, el Congreso del Estado estime que restringir derechos como el de la manifestación puede abonar a la paz, a la tranquilidad, al orden. Como si el no comulgar con las ideas de los gobernantes fuera sinónimo de controvertir la paz social, es decir, se prejuzga a quien difiere de la visión de la autoridad, cuando precisamente quien utiliza el espacio público, generalmente lo hace como último recurso para llamar la atención de un problema en el que las autoridades de los distintos niveles de gobierno están relacionadas y que precisamente por esa relación tienen la posibilidad de solucionar la demanda social.  

Más adelante, en el mismo documento refieren que: “…Es por ello indispensable que en Quintana Roo le demos la importancia que el tema requiere y atendamos la necesidad de contar con un marco jurídico que contribuya a la legítima finalidad de que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos…”

Cuando mencionan que es indispensable que en Quintana Roo le demos la importancia que el tema requiere, se podría pensar que  si realmente se le está dando la importancia a los valores cívicos, a la paz pública, las autoridades harían todas las gestiones necesarias para ese fin, instalarían todas las mesas de diálogo para que de manera plural se solucionen los problemas de la comunidad. Más aún, se reconocería realmente y no sólo de manera demagógica la legítima finalidad del ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Uno de los argumentos que utilizaron quienes promovieron esta controvertida Ley fue el de que con este ordenamiento legal se privilegiaba a la principal actividad económica de nuestro Estado: El turismo. Considero que dicho argumento no tiene sustento, ya que es de dominio público que cuando las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica emiten alertas o Warnings a sus connacionales, para no viajar a determinado sitio turístico en nuestro país, lo hacen por actos de violencia, generalmente homicidios; nunca lo hacen porque en determinado lugar existan manifestaciones o marchas en espacios públicos. 

Es decir, le recomiendan a sus connacionales que no viajen a México, debido al clima de inseguridad que prevalece en algunas zonas turísticas de la República, debido a hechos violentos relacionados con la delincuencia organizada,  y no con marchas de algunas decenas de ciudadanos que piden que los escuchen para resolver un asunto local.

En  el dictamen en mención los diputados locales mencionan que: “…El trabajo parlamentario nos implica un constante ejercicio de apertura, diálogo e intercambio, más al tratarse de una sociedad democrática y globalizada en que la comunicación es instrumento consustancial a la  legislación, política y práctica de los derechos…”

Los trabajos de apertura del Congreso del Estado hacia la sociedad civil, no son práctica recurrente. Cuando se organizan actividades dentro del Congreso, son más bien del tipo infantil, que si bien pueden estimular la participación de algunos niños, no trascienden más allá de eso. 

En el documento antes referido mencionan: “…Atendiendo a tales factores, en el documento legislativo que se dictamina, se recogen y plasman las opiniones y criterios de diversos actores, tanto del poder Ejecutivo del Estado como de organismos civiles interesados en la materia, que han expresado su preocupación por concretar una Ley de vanguardia…”

Quizás confunden a los actores políticos con los actores de la televisión, de hecho se han difundido en redes sociales actos en los que un actor  (Sergio Mayer ) se reúne con diputados, según la nota de dicho evento: El actor agregó que por ahora está enfocado a sus proyectos en teatro y televisión, así como en el ámbito empresarial, y aunque su visita al Congreso del Estado para entrevistarse con el presidente de la Gran Comisión del Congreso local, José Luis Toledo Medina, fue para tratar temas personales, no descartó que se pudieran lograr acuerdos para llevar a cabo proyectos en la parte sur de la entidad. La nota en mención se puede consultar en el siguiente link: http://www.elpuntosobrelai.com/principales/item/5488-visita-el-congreso-del-estado-el-actor-sergio-mayer.

Considero que de alguna manera el proceso legislativo del que surgió esta desafortunadamente famosa Ley explica la manera de hacer política en el Estado.

Mediante la imposición y el mayoriteo, en menos de una semana del mes de marzo se aprobó una Ley que contravenía clara y notoriamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  Ese primer intento fue hecho sin tener la habilidad política necesaria para reunir a los actores sociales interesados en un tema con tantas aristas como el del derecho a manifestarse. Es decir, en un tema en el que se tocaron directamente a los ciudadanos en su derecho a expresarse, éstos no fueron tomados en cuenta. Como si la Ley fuera para regular actos que no restringieran derechos humanos. 

Como dicha Ley fue duramente criticada en los medios de comunicación, sobre todo en los medios nacionales, y algunas excepciones, como el periódico que el lector tiene en sus manos, se decidió retirar esa Ley y presentar una nueva versión, con violaciones menos flagrantes a nuestra Carta Magna, y por lo tanto, con menos violaciones a los derechos humanos. Considero que de nueva cuenta se legisló sin tener la capacidad y el talento de sentarse a dialogar con quienes piensan diferente, con quienes disienten. 

La pluralidad de ideas, las distintas visiones de los temas públicos, favorecen a la democracia. Escuchar a los demás es parte de la democracia, asumir que la verdad no tiene dueños absolutos es parte del debate público; procesar leyes de espaldas a la ciudadanía habla mucho de quienes se autonombran representantes populares. 

La manera en que se procesan los problemas sociales, la forma en que se abordan las cuestiones públicas, en donde los intereses privados en ocasiones se contraponen con el interés público, habla mucho de la calidad democrática de nuestro Estado¬. 

Los mecanismos de solución de problemas sociales deben de privilegiar el diálogo, el consenso, considero que una medida más inteligente que restringir derechos de manifestación sería la de generar valor público a través de gestionar de manera eficaz la agenda de los problemas de la comunidad, los temas que realmente le afectan al ciudadano común, delitos como el robo, la extorsión, el secuestro, son los problemas con los que convive y a los que debe sobrevivir el ciudadano promedio. Intentar resolver esos problemas debería ser la preocupación principal de las autoridades de los diferentes niveles de gobierno. 

Sancionar a quien se manifiesta no resuelve el problema social de origen. Intentar resolver problemas de la agenda pública puede repercutir en menos manifestaciones, menos marchas.