12 de Diciembre de 2018

Opinión

La libertad del culpable

Estoy parcialmente convencido de que Florence Cassez es culpable.

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Estoy parcialmente convencido de que Florence Cassez es culpable. Creo, con dudas, que en efecto participó en secuestros, que fue cómplice de mutilación y que miente cínicamente.

Y creo que la Suprema Corte tomó el único camino justo al decidir su liberación.

La libertad de esta culpable, la libertad de muchos culpables, la libertad del culpable, no es una falta de la Corte, ni mala maña de sus abogados, ni producto exclusivo de las presiones del gobierno francés.

La libertad de esta persona, que probablemente debería pasar muchos años en prisión, es culpa directa de las autoridades irresponsables y abusivas que, tratando de procurarse una imagen de eficacia en la lucha contra el delito, no sólo falsificaron las escenas de la captura de la banda de Cassez, sino que la privaron de los más elementales derechos del detenido, viciando fatalmente su proceso.

Porque estos derechos no son privilegios del delincuente. Por el contrario, son garantías para la sociedad de que ningún inocente será inculpado falsamente y de que la integridad de las pruebas de un delito será protegida de cualquier alteración, de forma tal que puedan efectivamente condenar al culpable.

En el momento en que la sed de legitimación llevó a la Procuraduría a adulterar los elementos de prueba -incluyendo aquellos que demuestran la culpa de Cassez-, en ese justo momento estaba destruyendo los únicos instrumentos con los que el Estado mexicano hubiera podido legalmente recluir a la secuestradora.

Porque estas alteraciones produjeron dudas específicas sobre las acusaciones hechas contra la francesa. ¿Cómo estar seguros de que Cassez era parte de la banda cuando la primera prueba de esto -su presencia en el lugar del delito- fue fabricada para mostrarle a la televisión? ¿Cómo saber que las cosas que ella u otros dijeron no fueron autoinculpaciones obtenidas a la fuerza en las horas en que ilegalmente se les tuvo detenidos sin turnarlos al Ministerio Público?

Proteger a las víctimas es castigar a los culpables plenamente comprobados, no producir presos que podrían o no haber participado en delitos.

No se combate la impunidad permitiendo que la autoridad encarcele sin pruebas confiables. La privación de derechos a los inculpados lo único que logra es sembrar dudas sobre la veracidad de las pruebas.

Es, en última instancia, una inmensa colaboración con la delincuencia.

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