Los habitantes de Akumal, Chemuyil y Puerto Aventuras se están manifestando contra cualquier “acción privatizadora” de playas, en clara alusión a que el único acceso del primer destino mencionado sea restringido por el Centro Ecológico del lugar. La entrada es la más antigua de la Riviera Maya, lo cual encierra en sí mismo una acción simbólica, que no debe pasar inadvertida para las autoridades de Tulum y Solidaridad. 

Akumal es un poblado pequeño, donde apenas comienza a detonarse con más vigor la actividad turística, y aun cuando la propiedad privada no significa coartar el derecho de otros, las experiencias en Cancún y Playa del Carmen, principalmente, demuestran lo contrario. 

De acuerdo con la Constitución y el discurso de las autoridades locales, no hay playas privadas, aunque la realidad difiere cuando los propietarios de terrenos cercanos, ya sean de hoteles o restaurantes, cierran el acceso y convierten así una pública en privada. Lo cierto es que estas zonas federales, que no pueden ser restringidas para el público en general (sean nacionales o extranjeros, locales o turistas), comienzan a ser explotadas con fines particulares, lo que representa un delito.

El día de la manifestación pacífica, la regidora por Solidaridad, Laura Beristain Navarrete, comentaba en su calidad de representante popular que los inversionistas no se conforman con sacar provecho de las riquezas naturales, sino que devastan sin permisos zonas colindantes a sus negocios para ampliarlos, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones en Playa del Carmen. Y tiene razón, pues las mismas autoridades municipales han impuesto millonarias multas por tal concepto en Cancún y ese corredor turístico hacia el sur del Estado, tras denuncias como estas.

Por ser una causa común, la mayoría está en contra de las restricciones; por otro lado, existen algunos que afirman que gracias a ellas el litoral se mantiene limpio y los negocios turísticos generan empleos, y algunos proponen que los tres niveles vigilen, administren y controlen mancomunadamente el aprovechamiento de las playas, de la zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar, en beneficio de todos y no de unos cuantos.

El descontento -ha planteado en ocasiones anteriores la regidora Beristain Navarrete-, está relacionado con algo más grave que el hecho mismo de restringir el uso y disfrute de las playas: tiene que ver con la devastación, con la pérdida de arenales, dunas y manglares, así como con el impacto irremediable contra los diversos ecosistemas. Porque cuando el aprovechamiento es “privado”, pocos lo detectan y nadie acusa, contrario a lo que sucede cuando todos transitan libremente por la franja costera. 

Hace unos días, en este mismo espacio publiqué que los estudios evidencian un deterioro paulatino de la costa debido a múltiples factores, como la limitada planeación del desarrollo urbano-turístico en algunas secciones; el impacto de fenómenos hidrometeorológicos, y procesos globales como el ascenso en el nivel medio del mar, lo cual se atomiza cuando, sobre la playa los particulares hacen prácticamente lo que quieren, sin importarles ni siquiera el daño a la infraestructura turística de la que casi todos viven en el Estado.

Junto con prohibir en serio la intentona de restringir los accesos, imponer multas después de ecocidios o prometer más entradas libres, convendría empezar a trabajar en la rehabilitación integral con una visión más amplia, que incluya las playas, los arrecifes, las dunas y los manglares, olvidándose del poco tiempo disponible bajo determinada administración. 

No implementar una estrategia integral es una acción irresponsable y se puede estar hipotecando el futuro de la actividad turística, motor de nuestro desarrollo. 

Que empiecen por garantizar el libre acceso a las playas donde aún sea posible, como una acción inmediata.