Los ciudadanos se enfrentan a un temible problema: la confianza en las instituciones, las autoridades y los políticos es muy baja. De acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, los representantes y sectores con los niveles más bajos son los diputados y los partidos, pero también los sindicatos, los policías y los jueces. 

No es lío menor, pues se trata de aquellas instancias de representación ciudadana y otras de protección e impartición de justicia, dos pilares de toda democracia. Se agrava más aún cuando la tendencia parece irreversible en el corto plazo, pese a campañas y programas que intentan desesperadamente resarcir la imagen.

Con un proceso electoral en puerta (el 5 de junio en Quintana Roo se elegirá gobernador, presidentes municipales y diputados), pareciera una mala noticia exclusiva para los aspirantes, aunque en realidad es compartida: después de todo, ellos deben trabajar para los ciudadanos; o sea, sus acciones son los resultados que entregan a la población.  

Si bien el debilitamiento de los vínculos entre habitantes y partidos se viene produciendo desde la década de los 60, durante los últimos años la situación se ha agravado debido a la corrupción, la arbitrariedad y la impunidad que alimentan tal distanciamiento. Hay casos nacionales que ejemplifican esta nefasta condición: masacres, desapariciones, fugas, infiltración, entre otros, en que jefes políticos han sido cómplices o culpables.

Se acercan las campañas, una oportunidad más para obligarles a garantizar ese cambio radical que necesita el país, ya que se ha demostrado que no son suficientes el cambio de discurso, ni la firma de compromisos ante notario, ni mucho menos presentarse como independiente o ajeno a la partidocracia tradicional.

Acerca de los Sindicatos, basta reconocer que persisten los vicios gremiales, las mañas patronales, para entender el porqué. En repetidas ocasiones, tanto líderes como agremiados han sido acusados de graves situaciones, sobre todo, los taxistas, quienes tampoco logran revertir la mala reputación. Las pruebas sobran en Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, principalmente.

Respecto a los policías, se ha insistido en torno a cuidar la selección, a procurar el reclutamiento; se ha experimentado con mando único; hay cursos de sensibilización, y otras acciones tendientes a valorar la figura de dicha autoridad, pero esta no varía. Con frecuencia los agentes suelen cometer pifias garrafales, imperdonables, que dañan a sus corporaciones. Ahí tienen a los tres policías de Benito Juárez acusados de faltas, e incluso delitos, por los que fueron ya castigados.

Por último, los jueces. Si ellos tampoco son bien vistos según la publicación, el panorama no puede ser más desalentador. Porque son quienes debieran sancionar los comportamientos de los antes aludidos, aun cuando prevalezca la complicidad entre las partes. Es que la separación de poderes ha sido una simulación en gran parte del país. Ni hablar de los agentes del Ministerio Público, quienes si bien no aparecen en el estudio, no saldrían bien librados.

En Quintana Roo, el Colegio de Jueces presidido por Luis Gabino Medina Burgos tiene en marcha una estrategia de acercamiento con abogados, litigantes, usuarios y justiciables, con la cual aspira recobrar el prestigio. Si es efectiva, deberá manifestarse con claridad.

Algunos especialistas coinciden en que la falta de confianza en las instituciones ha obligado a los mexicanos a desarrollar un marcado individualismo, a preferir las aspiraciones personales sobre las colectivas, por lo cual predomina la percepción de que cada quien vela sólo por sus intereses. Ello desmotiva, porque en una coyuntura como la antes expuesta, sólo la unión hace la fuerza. La participación social es la salida. Los grandes problemas se resuelven con grandes acciones.