La organización internacional Artículo 19, dedicada a la defensa de los periodistas y de la libertad de expresión, lanzó esta semana el informe denominado “Pendientes sobre libertad de expresión y derecho a la información en Quintana Roo”, un detallado compendio de la situación crítica que se vive en la entidad en esta materia que incluye algunos exhortos al gobernador Carlos Joaquín González para garantizar el respeto a esta indispensable libertad.

Y es que es un hecho que, tal como señala Artículo 19, durante el gobierno de Roberto Borge Angulo se pisoteó la libertad de expresión con una censura atroz para acallar voces críticas, utilizando ríos de dinero para controlar medios a través de una aplicación mal entendida de la publicidad oficial, o el látigo del miedo con otros detractores que no se sometieron.

Con esta política de horca y cuchillo, logró un dominio casi  absoluto de la prensa local, pues muchos de los que no aceptaron las condiciones restrictivas impuestas por Borge y su vocero, Rangel Rosado Ruiz, optaron por la “autocensura” para evitar ataques orquestados desde el poder, que iban desde campañas de desprestigio en las redes sociales orquestadas por la mente minúscula de un operador digital ignorante y vulgar, hasta el cierre de espacios o el despido en los medios donde el periodista trabajaba.

Por supuesto que el oficio periodístico como tal también sufrió un daño que para muchos luce irreparable, pues algunos medios y periodistas hipotecaron su credibilidad prestándose a la publicación de campañas negras en contra de los enemigos del régimen borgista, sin recatos y sin el menor sentido ético, cayendo en no pocas ocasiones en una abierta pero solapada ilegalidad.

Estas acciones reconocidas con claridad por una sociedad cada vez más informada gracias a la era digital en la que vivimos, pusieron bajo la lupa al gremio de manera generalizada, sin saber que quienes diseñaban y ordenaban la publicación de esta información dolosa no eran periodistas, sino empresarios inescrupulosos con intereses oscuros.

Hoy, en este arranque del gobierno joaquinista, se vive un momento de mayor libertad en el ejercicio periodístico, pero también se respiran aires de un nuevo tipo de censura, atizando el descrédito contra la prensa y culpándola de todos los males habidos y por haber.

El caso más emblemático es Cozumel, donde la alcaldesa Perla Tun Pech está agarrada del chongo con los reporteros, a los que no solo menosprecia, sino que los califica como extorsionadores sin presentar ninguna prueba. Desacredita su trabajo, y los exhibe como si fueran criminales a una ciudadanía permeada por el rencor.

Esto provocó una reacción necesaria en los reporteros de la isla de las golondrinas, quienes presentaron una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (Cdheqroo) por considerar, con toda razón, que la irascible alcaldesa panista promueve el odio en contra de los periodistas, colocándolos en una posición de mayor riesgo al ejercer su labor.

Pero también a nivel estatal se cuecen habas, pues en eventos oficiales las restricciones a los reporteros y la actitud de abierto revanchismo de algunos funcionarios menores han enturbiado la relación prensa-gobierno, y las críticas son acalladas por los mismos funcionarios gubernamentales que usan las redes como ariete para generar encono social contra la labor periodística, imponiendo un nuevo estilo de censura.

En su reciente informe, Artículo 19 puntualiza a manera de recordatorio las agresiones de Roberto Borge contra la libertad de expresión, y al mismo tiempo recomienda a Carlos Joaquín González “promover la importancia de la libertad de expresión en el estado, principalmente de aquellas opiniones que puedan resultar poco gratas para él o que busquen criticar las gestiones hechas por su gobierno, lo que es de suma importancia para consolidar los procesos democráticos en el estado y generar un verdadero estado de derecho”.

Es, sin duda, un asunto pendiente de urgente atención.