El 30 de abril entró en vigor, en Benito Juárez e Isla Mujeres, el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), denominado acusatorio adversarial y oral, el cual busca que la víctima tenga o se le otorguen mayores derechos; en tanto, intentará defender, en todo momento, la presunción de inocencia del imputado. Deberá entrar en vigor en toda la República a más tardar el próximo 18 de junio, de acuerdo con el decreto de reforma constitucional del 18 de junio de 2008.

En Quintana Roo se cumplió en tiempo: el 10 de junio de 2014 entró en operaciones el Distrito Judicial Chetumal (Othón P. Blanco y Bacalar); el 10 de junio de 2015 se incluyó el Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos; en septiembre de ese mismo año arrancó el Distrito Judicial Lázaro Cárdenas; el 10 de noviembre el Distrito Cozumel, y a fines de enero pasado en Solidaridad y Tulum.

Pero más allá de los “plazos fatales”, la transformación de la justicia es generacional porque trasciende administraciones. Es una nueva manera de concebir y ejercer el derecho. Urgía un cambio drástico, completo, pues el sistema de seguridad pública nacional está rebasado por la delincuencia, la corrupción y, sobre todo, la impunidad.

En un reciente taller para periodistas, Carlos Sánchez Hernández, consultor de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, proporcionó algunas cifras del Inegi que evidencian la grave situación actual: de los 256 mil reos en las cárceles de todo el país, más de 107 mil son “presuntos culpables” en espera de juicio. Hay unos 20 mil adolescentes más en esa condición.

Peor aún: el 90% de los delincuentes detenidos no resulta condenado; el 93.7% de las víctimas no denuncia el delito; del 6% que denuncia, sólo el 0.3% logra la sentencia condenatoria; el 33% de los presos no conoció al juez que les condenó; el 66% de las órdenes de aprehensión no se cumple, y 8 de cada 10 no saben precisar por qué permanecen tras rejas.

Es lamentable saber que apenas 9 de cada 10 víctimas no denuncien. Los motivos son: primero, porque “no pasa nada”; segundo, porque no confían en los agentes del Ministerio Público; tercero, por el temor a represalias, y cuarto, debido al burocratismo, desde la presentación misma del hecho hasta la posible solución.

A pocos días del inicio en todo el país, el desafío más grande se advierte en términos de recursos humanos, sobre todo, en capacitación a policías, ministerios públicos, defensores, peritos, secretarios, jueces y magistrados; por encima de la infraestructura, los tiempos y otros obstáculos surgidos en el momento de la implementación. Porque son las autoridades quienes deben garantizar la sanción al acusado si resulta culpable y reparar el daño, las dos metas de la nueva justicia.

El espíritu de la reforma, sostuvo el tallerista Sánchez Hernández, proviene de la sociedad civil y no de los políticos ni de los servidores públicos, lo cual revela la necesidad de todos los mexicanos por luchar por un país más justo, con mayor equidad, de libertades, garantías plenas y más honesto. En tal sentido, conviene que los ciudadanos estén enterados de los pormenores.

Desorbitado

Considerando la saturación de los recintos penitenciarios y que un alto porcentaje de los recluidos está por aparentes delitos mínimos o porque desconoce la causa, hace falta potenciar las salidas alternas, como la suspensión del proceso a prueba y los acuerdos reparatorios, contemplados en el NSJP. En módulos de atención temprana puede resolverse la mayoría de los conflictos entre las partes para evitar el encarcelamiento y garantizar la compensación al afectado. Falta difundir más esa importante vertiente.