La otra “reingeniería”

Para marzo de 2017, a medio año de iniciada la administración de Carlos Joaquín González, en Quintana Roo deberá ser aprobada una restructuración administrativa...

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Para marzo de 2017, a medio año de iniciada la administración de Carlos Joaquín González, en Quintana Roo deberá ser aprobada una restructuración administrativa cuya fundamentación general es la profesionalización burocrática, pero también representará la oportunidad –la segunda, por cierto– para ajustar el gabinete estatal y enfocar su gobierno a lograr los objetivos que se plantean en el plan estatal de gobierno que será presentado hoy miércoles en la ciudad de Cancún.

En 2014, en la recta final del gobierno de Roberto Borge Angulo, se realizó lo que se denominó una “reingeniería administrativa”, cuyas acciones fueron básicamente la desaparición de entidades públicas y el despido masivo de burócratas, no hubo ahí ninguna lógica de profesionalización o racionalidad del gasto, por el contrario, se trató únicamente de un desesperado esfuerzo por “exprimir” las arcas públicas para el dispendio de un grupo político que por el bien de todos los quintanarroenses deberá quedar en el olvido por algunas generaciones, cozumeleños incluidos –disculpando la generalización–, que ofendió y lastimó tanto a la ciudadanía, que pagó con el castigo en las urnas y generando por primera vez la alternancia política.

La propuesta de Carlos Joaquín González muestra una línea general diferente, pues además de seguir algunas directrices nacionales, como la creación del Instituto de Cultura –esperemos, con el cambio también en la titularidad del ramo–; destaca la puesta en relevancia de temas que urge ordenar, como la creación de la Secretaría de Transporte. Recuérdese las movilizaciones de taxistas por la entrada en operación de Uber y la modificación legal en la que el Ejecutivo dispone ahora que las concesiones de taxi sean entregadas por un órgano colegiado, luego de evaluar las reales necesidades. Con una instancia estatal de esa importancia, faltará ahora que no se entregue la dependencia como pago de favor político ¿Ya leyeron hermanos Ramos?

Aún más, aunque la administración “borgista” aseguró acabaría con las invasiones y los asentamientos irregulares –cosa que no ocurrió, por el contrario, ese delito se cometió por parte de los mismos gobernantes–, la de Carlos Joaquín propone ahora la creación de un instituto de vivienda que regule todo en esa materia, pues los datos son alarmantes; tan sólo en la zona norte de la entidad se calculan unos 160 asentamientos en donde viven unas 60 mil personas, según ha señalado el secretario de Desarrollo Social e Indígena, Julián Ricalde Magaña.

De esta manera, parece que el plan estatal de desarrollo joaquinista estará acompañado de la superestructura administrativa para la consecución de los objetivos; faltará ahora que los funcionarios públicos estén a la altura de las demandas sociales. Los quintanarroenses ya lo merecemos. Por cierto, también la comunicación gubernamental se ordenará, y vaya que es un rubro que urgentemente lo requiere; así se observa desde aquí, A Tiro de piedra. Nos leemos en la próxima.

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